La fragilidad de la institucionalidad: desafíos políticos en Perú

La fragilidad de la institucionalidad en nuestro país es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos debido a las decisiones políticas que se vienen tomando en el Congreso y en el gobierno de Dina Boluarte. La preocupación de muchos ciudadanos se centra en la falta de representatividad de una clase política que parece responder más a intereses particulares que al bienestar de la sociedad en su conjunto. Resulta alarmante observar cómo las reformas que se habían implementado con esfuerzo y sacrificio para fortalecer la democracia y la transparencia se van desmantelando poco a poco. La clase política, lejos de atender las necesidades de la población y de impulsar el desarrollo del país, parece estar más preocupada en enriquecerse de manera indebida y proteger a sus líderes y militantes. El panorama se torna aún más desolador al ver cómo se aprueban medidas que van en contra del interés público. Ejemplos como el séptimo retiro de las AFP o la propuesta de reducción del IGV para las peluquerías carecen de fundamentos técnicos sólidos y ponen en riesgo la estabilidad financiera del país. La reciente discusión en la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano, sobre la prohibición de postulación a cargos públicos de personas condenadas por delitos graves, como corrupción, violación sexual, homicidio, entre otros, revela la falta de compromiso de algunos líderes políticos en la lucha contra la impunidad. ¿Cómo es posible que se pretenda permitir que individuos con antecedentes penales ocupen cargos de alta responsabilidad en nuestra sociedad? El Congreso también ha sido protagonista de decisiones cuestionables, como la aprobación del ingreso a la carrera magisterial de miles de docentes sin considerar su mérito académico, o la aprobación de normas que podrían favorecer al crimen organizado al limitar la persecución de las economías ilegales. Estas medidas van en detrimento de la calidad educativa y de la seguridad de la población, respectivamente. Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte ha generado preocupación al permitir el retorno de vehículos de transporte público obsoletos y poco seguros, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Esta falta de compromiso con la modernización y la mejora de los servicios básicos muestra una clara desconexión entre los gobernantes y las necesidades reales de la población. En este escenario de debilidad institucional y descontento social, es fundamental que la ciudadanía exija a sus representantes políticos un mayor compromiso con el bien común. La transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión pública deben ser pilares fundamentales de cualquier gobierno que busque el desarrollo sostenible y equitativo del país. Es responsabilidad de todos los peruanos no solo denunciar las prácticas corruptas y antidemocráticas, sino también participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y transparente. El futuro de nuestro país depende de la capacidad de la sociedad civil y de las instituciones a trabajar juntas en la construcción de un sistema político que realmente represente los intereses de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos privilegiados.