Transporte de oro en Perú: riesgos y desafíos en medio de la laxitud gubernamental

En un reciente informe periodístico presentado por el programa Cuarto Poder, se revela una preocupante situación en relación al traslado de lingotes de oro en el Perú, sin la debida supervisión por parte de las autoridades competentes. Esta laxitud en la vigilancia ha generado un alto riesgo para la minería formal, en un contexto en el que el precio internacional del oro ha alcanzado niveles históricos, incentivando a mineros ilegales a arriesgar todo con tal de llevar este preciado metal desde los puntos de extracción hasta los centros urbanos. Según el reportaje, los lingotes de oro son transportados en caravanas y camionetas, con el objetivo de llegar sin contratiempos hasta los aeropuertos para su posterior envío al extranjero. Esta situación ha sido corroborada recientemente por la Policía Nacional del Perú, que logró incautar 45 kilos de oro que se encontraban destinados a salir ilegalmente del país. Resulta preocupante que, en medio de esta alarmante realidad, un reciente dictamen aprobado por el Congreso ha allanado el camino para que cualquier empresa, sin importar su reputación o legitimidad, pueda realizar el transporte de oro por las carreteras peruanas. Anteriormente, solo empresas con un capital mínimo de S/ 15 millones estaban autorizadas para llevar a cabo esta tarea, pero ahora se ha autorizado la reducción de este requisito, abriendo la puerta a la participación de entidades de dudosa procedencia en esta peligrosa actividad. Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno PUCP, ha advertido que este nuevo escenario podría consolidar un modelo de negocio basado en la informalidad, poniendo en riesgo la cadena de producción y agravando la problemática de la minería ilegal en el país. Por su parte, Julio Corcuera, gerente de la Asociación de Seguridad Privada, ha enfatizado la importancia de que las empresas encargadas de este tipo de transporte gocen de credibilidad y operen dentro de un marco legal, para evitar que se conviertan en cómplices involuntarios de actividades ilícitas. El Instituto Peruano de Economía ha revelado que Perú lidera la exportación de oro ilegal, seguido por Colombia y Bolivia, lo que plantea serias interrogantes sobre el destino final de este metal precioso y las implicancias que tiene para la economía y la seguridad del país. En este sentido, es fundamental garantizar que la cadena de extracción, producción y transporte de oro sea completamente legal y transparente, evitando así que este recurso estratégico alimente economías ilegales y actividades criminales. Es evidente que las políticas de formalización en el sector minero han enfrentado obstáculos y retrocesos significativos en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por regularizar la actividad minera y combatir la minería ilegal, la falta de control y supervisión en el transporte de oro representa un grave desafío que debe ser abordado de manera urgente. La postergación constante de plazos y regulaciones, como en el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ha contribuido a perpetuar la informalidad y la ilegalidad en el sector, generando un círculo vicioso que beneficia a los actores clandestinos. En este contexto, resulta imperativo que las autoridades competentes refuercen los mecanismos de control y fiscalización en el transporte de oro, garantizando que solo empresas idóneas y comprometidas con la legalidad puedan llevar a cabo esta tarea. Asimismo, es necesario impulsar una mayor coordinación entre los distintos organismos encargados de velar por la seguridad y la transparencia en la cadena de producción de oro, con el fin de prevenir el desvío de este recurso hacia actividades ilícitas y criminales. El desafío de combatir la minería ilegal y garantizar la formalización del sector minero en el Perú requiere de un enfoque integral y coordinado, que involucre tanto a las autoridades gubernamentales como a los actores del sector privado. Solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido será posible asegurar que la riqueza minera del país se gestione de manera sostenible, legal y transparente, contribuyendo al desarrollo económico y social de la nación y evitando que el oro peruano alimente economías ilegales en el extranjero.