Confiep propone medidas contra financiamiento ilegal a partidos políticos

Confiep propone medidas contra financiamiento ilegal a partidos políticos

La Confiep propone medidas contra financiamiento ilícito a partidos políticos para salvaguardar la democracia en Perú. ¡Transparencia y legalidad urgentes!

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro
Política

La Confiep, gremio que agrupa a 23 asociaciones empresariales, presentó al Ejecutivo un detallado documento con propuestas en 17 puntos clave para mejorar diversos aspectos del país, desde seguridad hasta turismo, pasando por salud, mercado laboral y reforma política. Estas propuestas, fruto de un arduo trabajo que incluyó más de 200 reuniones con expertos y autoridades, buscan contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad peruana. Dentro de estas propuestas, uno de los puntos destacados es la necesidad de regular de manera adecuada el financiamiento privado a los partidos políticos. La Confiep señala que las actuales restricciones en este ámbito pueden propiciar la infiltración de dinero ilícito, proveniente de actividades criminales como la minería informal, la tala ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, en las campañas políticas. Es evidente que el uso de recursos de procedencia ilegal en la política representa un grave riesgo para la democracia y la transparencia en el sistema electoral. Ejemplos como el de la excongresista Nancy Obregón, condenada por tráfico de drogas y financiación al terrorismo, muestran las consecuencias nefastas que puede tener la presencia de dinero sucio en la esfera política. En un contexto donde la minería ilegal y otras actividades ilícitas han proliferado en el país, resulta urgente tomar medidas para prevenir la influencia nefasta de estos recursos en las decisiones políticas. La Confiep propone, entre otras medidas, restringir la postulación de personas con antecedentes penales, regular y bancarizar todo el financiamiento a los partidos políticos, implementar controles rigurosos con auditorías independientes y establecer sanciones severas para quienes incumplan las normas. La transparencia y la legalidad en el financiamiento de los partidos políticos son pilares fundamentales para garantizar la integridad del sistema democrático y la representatividad de las decisiones políticas. La sociedad peruana debe estar alerta ante la posibilidad de que intereses ilegítimos busquen influir en los procesos electorales y en las acciones de los gobernantes. Es responsabilidad de las autoridades, el Poder Ejecutivo, el Congreso y la sociedad en su conjunto, velar por la pureza de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos. La corrupción y el lavado de activos son enemigos de la democracia y la justicia, y su presencia en la política solo puede conducir a un deterioro de la institucionalidad y a una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en sus representantes. La propuesta de la Confiep es un llamado a la acción para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento político. La implementación de medidas efectivas para prevenir la infiltración de dinero ilícito en la política es un paso indispensable para garantizar la legitimidad de las instituciones y la confianza de la población en el sistema democrático. El futuro del país y la calidad de los líderes que nos representarán en el futuro dependen en gran medida de la limpieza y la legalidad en el proceso electoral y en el financiamiento de los partidos políticos. Es necesario actuar con determinación y firmeza para impedir que intereses oscuros y criminales intenten condicionar el rumbo de la nación. La lucha contra la corrupción y el lavado de activos debe ser una prioridad para proteger la democracia y el Estado de Derecho en el Perú.

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