La presidenta de Perú acusada en caso Rolex: ¿Hasta dónde llegará el Congreso?

La situación judicial de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha dado un giro significativo al ser acusada en el marco del caso Rolex, donde se le imputa la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Esta acusación, presentada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha generado un profundo debate sobre hasta dónde puede llegar el Congreso en este proceso y las implicancias legales que conlleva. Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, Boluarte habría recibido como donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes Rolex de alto valor, joyas de oro con diamantes y otros regalos, presuntamente con el propósito de influir en decisiones relacionadas con su cargo como presidenta de la República. Además, se le cuestiona por la emisión de Decretos Supremos y leyes favorables al Gobierno Regional de Ayacucho. La valoración de los regalos recibidos por Boluarte asciende a cifras significativas, lo que ha llamado la atención sobre la posible influencia que podrían haber tenido en su gestión como mandataria. La acusación se basa en un extenso documento que recopila 33 elementos de convicción contra la presidenta, señalando que habría incurrido en actos delictivos durante su ejercicio funcional. En medio de este escenario, surge la interrogante sobre los límites del Congreso para llevar a cabo un proceso acusatorio contra Boluarte, teniendo en cuenta las protecciones constitucionales que amparan a un presidente en funciones. El artículo 117 de la Constitución establece las causales por las que un presidente puede ser acusado, limitando estas posibilidades a casos de traición a la patria, impedir elecciones o el funcionamiento de instituciones clave. Expertos constitucionales han señalado que el Congreso no podría iniciar un proceso acusatorio contra Boluarte por las causales presentadas en la denuncia, lo que plantea un escenario complejo en términos legales. A pesar de esto, la denuncia constitucional presentada por Villena ha dado inicio a un proceso que deberá ser analizado detenidamente por las instancias correspondientes. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha anunciado que se evaluará la denuncia en su grupo de trabajo, marcando el inicio de un proceso que podría desencadenar decisiones trascendentales en el ámbito político y legal. Por otro lado, se plantea la posibilidad de que un congresista presente una moción de vacancia en contra de Boluarte como salida a esta situación. En cuanto a la investigación contra Wilfredo Oscorima, también involucrado en el caso, se ha señalado que seguirá su curso en una Fiscalía diferente, al no contar con las protecciones constitucionales de un presidente en ejercicio. La complejidad de este caso y las implicancias legales que conlleva han generado un debate intenso en la opinión pública sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. La presentación de la denuncia constitucional ha generado sorpresa y controversia, con opiniones divididas sobre la solidez de las acusaciones y la pertinencia de iniciar un proceso acusatorio en este momento. Mientras algunos expertos consideran que la Fiscalía ha actuado de manera prematura, otros respaldan la decisión argumentando que se han reunido elementos suficientes para fundamentar la acusación. En definitiva, el caso Rolex y la implicación de Dina Boluarte ponen a prueba el sistema judicial y político del Perú, generando interrogantes sobre la autonomía de las instituciones, la transparencia en el ejercicio del poder y la responsabilidad de los funcionarios públicos. El desarrollo de este proceso será clave para definir el rumbo de la justicia y la gobernabilidad en el país, marcando un hito en la historia reciente de Perú.