Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
En medio de una campaña electoral marcada por la violencia y la inseguridad, México se enfrenta a una situación crítica que pone en riesgo la integridad y la vida de candidatos a puestos políticos en todo el país. Según cifras oficiales, más de 20 candidatos han sido asesinados en el transcurso de esta campaña, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos elevan la cifra hasta 40 dirigentes muertos. La violencia política ha cobrado una dimensión preocupante en México, donde la impunidad y la falta de seguridad se han convertido en obstáculos para el ejercicio de la democracia. La opacidad en torno a estos crímenes dificulta la elaboración de un panorama completo de la situación, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias y los actos violentos suelen ocurrir en regiones rurales, alejadas de la atención mediática. Roberto Roldán, politólogo especializado en violencia política, advierte que la violencia electoral en México es un fenómeno endémico y estructural, con raíces tanto en la influencia del crimen organizado como en las disputas políticas internas. La falta de protección efectiva para los candidatos y la desconfianza hacia las autoridades de seguridad contribuyen a un panorama desolador en el que la violencia se ha convertido en un filtro para la participación política. La situación se agrava aún más con el impacto en el entorno de los candidatos, donde la violencia no solo afecta a los aspirantes, sino también a sus familias, colaboradores y comunidades. Los casos de líderes políticos asesinados, como el de Ivone Gallegos en Oaxaca, ejemplifican el peligro constante al que se enfrentan aquellos que deciden dedicarse a la política en un ambiente dominado por la violencia y la impunidad. La violencia política no se circunscribe a un solo territorio o nivel de gobierno en México, sino que se extiende por todo el país, afectando especialmente a candidatos locales en municipios rurales. Sin embargo, el aumento de los ataques a candidatos a puestos federales evidencia que esta problemática no conoce límites geográficos y puede impactar a nivel nacional. La respuesta de las autoridades frente a esta crisis ha sido insuficiente, con medidas de seguridad que no logran garantizar la protección de los candidatos ni disuadir a los perpetradores de cometer actos violentos. La falta de justicia y la impunidad reinante generan un clima de temor y desconfianza que socava la democracia y la participación ciudadana en el proceso electoral. La normalización de la violencia política en México plantea un desafío enorme para el futuro del país, donde la violencia se ha vuelto parte integrante del sistema político y condiciona las decisiones de los actores involucrados. La coexistencia entre criminales y políticos a nivel local revela una dinámica perversa que limita la libertad y la seguridad de quienes se atreven a desafiar el statu quo. Ante esta realidad desoladora, surge la pregunta inevitable: ¿cómo se puede resolver esta crisis de violencia política en México? Las respuestas no son sencillas, pero pasan por la implementación de estrategias integrales que aborden tanto la seguridad como la justicia, y que busquen reducir la impunidad y cambiar la cultura de la violencia que ha permeado la política mexicana. Solo con un compromiso firme y acciones contundentes se podrá garantizar un futuro más seguro y democrático para México y sus ciudadanos.