Agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia: cifras alarmantes en 2023

Las agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia han alcanzado cifras alarmantes durante el año 2023, según el informe publicado por la organización Somos Defensores bajo el título "Puntos Suspensivos". Este reporte revela un total de 765 agresiones perpetradas contra 712 defensores a lo largo del año, lo que equivale a un promedio de dos agresiones diarias. Estas agresiones comprenden una variedad de actos violentos que van desde amenazas hasta asesinatos, pasando por desplazamientos forzados, desapariciones, detenciones arbitrarias y otros ataques que vulneran la integridad de quienes luchan por la defensa de los derechos humanos en el país. Dentro de las modalidades de agresión más comunes, las amenazas ocupan el primer lugar con un 57 % de incidencia, seguidas de los asesinatos con un 22 %, los atentados con un 9 %, los desplazamientos forzados con un 4.5 % y las desapariciones forzadas con un 2.6 %. Los meses más críticos fueron enero, marzo, abril, febrero y julio, concentrando el 63 % de las agresiones en el primer semestre del año. A pesar de que se registró una disminución del 9 % en el total de agresiones en comparación con el año anterior, la situación de riesgo para los defensores sigue siendo elevada. El informe destaca que, si bien hubo una reducción en los asesinatos, pasando de 197 en 2022 a 168 en 2023, persisten elementos preocupantes que indican un cambio en las dinámicas de violencia en el país. Asimismo, se evidencia un aumento en agresiones como los desplazamientos forzados, que se incrementaron en un 94.4 %, y las desapariciones forzadas que duplicaron su incidencia. Estos datos reflejan un panorama complejo en el que, a pesar de ciertos avances, las amenazas y la violencia no letal persisten como mecanismos de intimidación contra los defensores de derechos humanos. En el contexto de la implementación de la estrategia de Paz Total por parte del Gobierno y la transición hacia un nuevo mandato de izquierda con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, se esperaban cambios positivos en la protección de los defensores. Sin embargo, el informe señala que si bien la intensidad de la violencia ha disminuido en algunos aspectos, se ha trasladado hacia agresiones no letales que también representan un grave riesgo para los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Las agresiones se concentran en zonas estratégicas como el suroccidente colombiano, donde la presencia de grupos armados y la disputa por el control territorial generan un alto nivel de conflictividad. Este territorio es clave por su riqueza en recursos naturales y su ubicación geográfica, lo que lo convierte en un objetivo para actividades ilícitas como el narcotráfico. Asimismo, los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca destacan por la alta incidencia de agresiones contra defensores, reflejando la complejidad de la situación en el país. La presunta responsabilidad de diversos actores armados en las agresiones, como los paramilitares, grupos pos acuerdo de paz con las FARC y el ELN, plantea un desafío en términos de protección y garantías para los defensores de derechos humanos. La impunidad en muchos de estos casos y la falta de esclarecimiento sobre los responsables contribuyen a un clima de vulnerabilidad y temor entre quienes ejercen esta labor fundamental en la sociedad colombiana. En medio de este panorama, la coordinadora de Somos Defensores, Astrid Torres, destaca la importancia de que las negociaciones del Gobierno con los grupos armados incluyan la protección y el respeto por los liderazgos en las comunidades. La voluntad política para avanzar en procesos de paz debe traducirse en acciones concretas y medidas efectivas que garanticen la seguridad de los defensores y la prevención de futuras agresiones. En conclusión, la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica, con un contexto de violencia y riesgo latente que requiere una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La protección de quienes velan por la defensa de los derechos fundamentales es un pilar esencial para la construcción de una sociedad justa y democrática, donde la labor de los defensores sea reconocida y respetada en su invaluable contribución al bienestar de todos los colombianos.