Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Las exportaciones de oro ilegal en Perú han alcanzado cifras alarmantes, según el estudio "Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur" del Instituto Peruano de Economía (IPE). A pesar de que la minería ilegal es un problema extendido en la región, Perú se destaca como el principal exportador de oro ilegal en América del Sur, superando a países como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela en valor monetario. El Simposio XV de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE) fue el escenario donde se presentó este preocupante estudio, el cual revela que entre el 30% y 80% del oro exportado en América del Sur proviene de la minería ilegal. En el caso peruano, se estima que en el 2023 se exportaron 77 toneladas de oro ilegal, equivalentes a unos US$4,833 millones, lo que representa el 44% de las exportaciones totales de oro del país. A pesar de ser uno de los primeros países en institucionalizar políticas para erradicar la minería ilegal, Perú no ha logrado avances significativos en este aspecto, según el IPE. El estudio destaca que la geografía del país, con fronteras expuestas y zonas estratégicas para la extracción ilegal de oro, contribuye a la persistencia de este delito. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señala que la inversión minera ilegal en Perú ha ido en aumento, incluso superando a la de otros países de la región. Esta situación es preocupante, especialmente en un contexto donde los precios del oro y el cobre están en niveles históricos, lo que incentiva aún más la actividad ilegal. El IPE destaca la zona fronteriza con Bolivia como un punto crítico para el contrabando de insumos como el mercurio, utilizado en el tratamiento del oro ilegal. Los principales destinos de este oro son Canadá y la India, lo que evidencia la complejidad y la dimensión global de este problema. En cuanto a las políticas implementadas, aunque Perú ha sido pionero en penalizar la minería ilegal y establecer mecanismos de formalización, los resultados han sido insuficientes. Por ejemplo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) presenta altos niveles de incumplimiento entre los mineros inscritos, lo que evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de formalización y trazabilidad. El IPE propone intervenciones permanentes en zonas de riesgo, un sistema de formalización más efectivo con tecnología avanzada, y la colaboración con organismos internacionales para combatir la minería ilegal. El fortalecimiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la centralización temporal del proceso de formalización son algunas de las medidas sugeridas para abordar este grave problema. En resumen, la exportación de oro ilegal en Perú es una situación preocupante que requiere de acciones urgentes y coordinadas a nivel nacional e internacional para combatir eficazmente la minería ilegal y sus impactos negativos en el país y en la región. La transparencia, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas efectivas son clave para abordar este desafío que afecta no solo al sector minero, sino también al desarrollo sostenible del país.