Empresarios peruanos exigen condiciones de seguridad para invertir

Empresarios peruanos exigen condiciones de seguridad para invertir

En medio de crisis en el Ministerio del Interior, empresarios peruanos exigen seguridad para inversiones. Santiváñez asume desafío de combatir delincuencia mientras sectores reclaman estrategias integrales y diálogo inclusivo para abordar inseguridad. Urge eficiencia en el uso de recursos para promover clima favorable al desarrollo económico y bienestar.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política

En medio de un escenario político convulsionado por la renuncia de Walter Ortiz al cargo de ministro del Interior y la asunción de Juan José Santiváñez Antúnez como su sucesor, los empresarios peruanos han alzado su voz para exigir condiciones mínimas de seguridad que permitan garantizar un entorno propicio para la inversión en el país. Esta solicitud cobra aún más relevancia en un contexto marcado por la inseguridad ciudadana y la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad. Santiváñez, quien anteriormente se desempeñó como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, enfrenta el desafío de liderar la lucha contra la delincuencia en un Ministerio que ha experimentado una alta rotación de ministros en los últimos tiempos. De acuerdo con datos de Videnza Instituto, el tiempo promedio de permanencia de un ministro en el Mininter no supera los 1.4 meses en la actual gestión, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad y efectividad de las políticas implementadas. La preocupación por la inseguridad ciudadana ha trascendido al ámbito empresarial y laboral, siendo manifestada a través de una carta enviada por representantes de diversos gremios al Gobierno. En este documento, se expresa la inquietud por la falta de avances concretos en la implementación de medidas para combatir la delincuencia, así como la ausencia de seguimiento a acuerdos previamente establecidos en reuniones con las autoridades. En este sentido, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ha hecho un llamado a la necesidad de una estrategia integral que involucre a todos los actores relevantes, tanto del sector público como del privado, para hacer frente a la creciente ola de criminalidad y violencia que afecta al país. Bustamante destaca la importancia de la voluntad política y la perseverancia en la lucha contra el crimen como factores fundamentales para generar confianza y atraer inversiones. Por su parte, Julio Pérez, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), resalta la urgencia de establecer un diálogo inclusivo que permita la participación activa de gremios y sindicatos en la elaboración de estrategias de seguridad ciudadana. Pérez enfatiza la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil para abordar de manera integral los desafíos en materia de seguridad. En tanto, Daniel Hermoza, presidente de Mypes Unidas, subraya la importancia de contar con un plan estructurado y coordinado que contemple no solo medidas punitivas, sino también acciones preventivas y educativas para abordar las causas profundas de la inseguridad. Hermoza destaca la necesidad de involucrar a los jóvenes en alternativas educativas y laborales que contribuyan a alejarlos de la delincuencia y la violencia. En el ámbito presupuestario, se destaca que el Ministerio del Interior cuenta con un significativo monto asignado para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, aunque se plantea la necesidad de evaluar la efectividad de las acciones implementadas y su impacto real en la prevención del delito. Es fundamental que estos recursos se gestionen de manera eficiente y se orienten hacia medidas concretas que contribuyan a mejorar la seguridad de los ciudadanos y fomentar un clima favorable para la inversión y el desarrollo económico. En conclusión, la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú requiere de un enfoque integral y coordinado que involucre a todos los sectores de la sociedad en la implementación de políticas efectivas y sostenibles. La exigencia de condiciones mínimas de seguridad por parte de los empresarios y trabajadores refleja la necesidad imperante de generar un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento económico, en el cual la seguridad ciudadana juega un papel fundamental. Es tarea de las autoridades y de la sociedad en su conjunto trabajar de manera conjunta y comprometida para construir un país más seguro y próspero para todos sus habitantes.

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