Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La presidenta Dina Boluarte se encuentra en una situación complicada tras la revelación de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que señala que recibió S/ 1,1 millones en sus cuentas de origen desconocido. Expertos consultados destacan que este documento agrava su situación legal, ya que podría enfrentar investigaciones por lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Ante este escenario, tanto el Ministerio Público como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) deberán seguir una serie de pasos para esclarecer los hechos. Según el abogado tributarista José Verona, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, debería ampliar la investigación existente contra la jefa de Estado y considerar estos nuevos hallazgos. Por otro lado, Verona destaca la importancia de la intervención de la Sunat en este caso. Como entidad encargada de determinar si un incremento patrimonial está justificado, la Sunat debe llevar a cabo una fiscalización para verificar la legalidad de los fondos en las cuentas de Boluarte. El abogado explica que, a través de un análisis exhaustivo, la Sunat determinará si los abonos en efectivo y las transacciones realizadas por la presidenta tienen una justificación razonable. Es crucial que la Sunat emita un informe detallado que será remitido a la UIF y al Ministerio Público para su consideración. Este informe sirve como un peritaje institucional que puede respaldar las acciones legales que se tomen en el caso de Boluarte. Además, Verona resalta la importancia de que la presidenta presente documentos que respalden la legalidad de sus transacciones, como contratos de mandato y de trabajo, para evitar sospechas de enriquecimiento ilícito. El informe de la UIF revela que la mayoría de los depósitos en efectivo se realizaron en cuentas mancomunadas de Boluarte y Néstor Amado Camargo, con quien compartió el consejo directivo del Club Departamental Apurímac. Camargo, quien fue tesorero del club, señaló que la gestión financiera se realizaba en conjunto con la presidenta, aunque el estatuto del club no especifica si los miembros pueden abrir cuentas a su nombre. La adquisición de un reloj Rolex y otros relojes de alta gama por parte de Boluarte, así como la compra de una camioneta Honda CR-V en 2018 con un depósito en efectivo, también han generado sospechas sobre la procedencia de los fondos. El informe de la UIF destaca movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria, lo que ha puesto en tela de juicio la transparencia de sus ingresos. En este contexto, la Presidenta deberá enfrentar una serie de investigaciones y verificaciones por parte de las autoridades competentes para aclarar la situación. La Sunat jugará un papel fundamental en determinar si los ingresos de Boluarte están justificados, mientras que el Ministerio Público deberá ampliar su investigación para incluir estos nuevos hallazgos. El futuro de Boluarte y las consecuencias legales de estos hechos estarán determinados por el desarrollo de estas investigaciones y la presentación de pruebas que respalden la legalidad de sus transacciones financieras.