El Congreso da marcha atrás en la lucha contra la minería ilegal: un paso hacia atrás en la protección del medio ambiente y los derechos laborales.

El Congreso de la República ha dado un paso polémico al aprobar un proyecto de ley que obstaculiza los esfuerzos para combatir la minería ilegal en el país. Esta actividad ilícita, que mueve alrededor de US$4 mil millones al año según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, no solo tiene un impacto devastador en el medio ambiente, especialmente en la selva, sino que también alimenta una red criminal que involucra la trata de personas, la explotación laboral infantil, el sicariato y hasta el asesinato de defensores ambientales. El proyecto de ley aprobado deroga una disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, emitido por el Ejecutivo en diciembre para combatir la minería ilegal. Esta disposición permitía a la policía actuar contra aquellas personas acogidas al proceso de formalización minera cuya inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) estuviera suspendida. Además, otorgaba plazos para que los mineros ilegales enmendaran su situación. Es preocupante que la mayoría de los inscritos en el Reinfo (el 79% de 87,146) tengan su inscripción suspendida, lo que demuestra la falta de compromiso real de estos mineros ilegales para formalizarse. Sin embargo, esto no fue impedimento para que el Congreso, con el respaldo de nueve bancadas, aprobara la derogación de esta medida sin mayores contemplaciones. Las justificaciones dadas por algunos congresistas, como Segundo Quiroz de la Comisión de Energía y Minas, señalando que la norma del Gobierno era "inconveniente", parecen más bien excusas para favorecer a los mineros ilegales en lugar de abordar de manera efectiva el problema de la formalización en la pequeña minería y la minería artesanal. La aprobación de esta ley ha generado rechazo en los principales gremios empresariales del país, como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, quienes han instado al Gobierno a observarla. Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Congreso aprueba normas que benefician a la minería ilegal, como lo ocurrido el año pasado con la asignación de maquinaria incautada a los gobiernos locales y regionales en lugar de su destrucción. En resumen, el Congreso se ha convertido en el principal aliado de la minería ilegal en el país, saboteando los esfuerzos para combatirla. Urge que se revisen estas decisiones y se priorice la protección del medio ambiente, los derechos laborales y la seguridad de la población antes que los intereses económicos de unos pocos.