Congreso aprueba polémica derogatoria contra minería ilegal

En un proceso sorprendentemente rápido, el Congreso de la República ha tomado una decisión que ha generado controversia en diversos sectores de la sociedad. Se trata de la aprobación de un proyecto que deroga una disposición del Decreto Legislativo (D.Leg.) 1607, la cual tenía como objetivo combatir la minería ilegal en el país. La disposición eliminada permitía a la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenir a mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que hacían uso de explosivos sin la debida autorización, una práctica común en la minería ilegal operada por grupos del crimen organizado. Además, se establecía un plazo de 90 días para que los mineros inscritos, especialmente los suspendidos en el Reinfo, regularizaran su situación presentando la documentación requerida. La decisión del Congreso ha sido criticada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como por otros gremios empresariales, quienes consideran que esta medida representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, catalogada actualmente como la principal economía criminal en el Perú, superando incluso al narcotráfico. La derogatoria ha generado preocupación en diversos ámbitos, ya que limita la capacidad de las fuerzas del orden para controlar el tráfico de explosivos utilizados en la minería ilegal, una actividad que no solo afecta la economía del país, sino que también tiene implicaciones en la seguridad nacional. Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de que la derogación abra la puerta a que nuevos mineros ilegales se acojan al proceso legal, dificultando así la labor de la Fiscalía para sancionar a quienes operan de manera ilegal en el sector minero. Ante esta situación, diversas propuestas han surgido como alternativas para combatir la minería ilegal de manera más efectiva. Se sugiere que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) fortalezca sus mecanismos de control sobre la expedición de licencias para el uso de explosivos, garantizando que estas sean otorgadas únicamente a empresas formales y que se garantice la trazabilidad de los minerales extraídos. Asimismo, se plantea la importancia de implementar medidas que permitan una mayor supervisión de las actividades mineras, como un seguimiento más riguroso del transporte de minerales y un control más estricto sobre las plantas de procesamiento. En medio de este debate, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha manifestado su respeto por la decisión del Congreso y ha señalado que continuará trabajando en cumplimiento de la normativa vigente. Además, se ha informado que se está elaborando un nuevo proyecto de ley para la pequeña minería y la minería artesanal, con el objetivo de promover su formalización y combatir la minería ilegal. En conclusión, la lucha contra la minería ilegal en el país sigue siendo un desafío importante que requiere de acciones concertadas y eficaces por parte del Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto. La derogación de la disposición del D.Leg. 1607 plantea nuevos retos, pero también abre la oportunidad de replantear estrategias más efectivas para erradicar esta actividad ilegal que tanto daño causa al país.