Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
Siete gremios empresariales expresaron su rechazo a la decisión del Congreso de derogar el Decreto Legislativo 1607 que tenía como objetivo combatir la minería ilegal en el Perú. Entre las asociaciones que manifestaron su descontento se encuentran la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales. Estas entidades indicaron que la derogación de esta norma representa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, catalogada como la primera economía criminal en el país, incluso por encima del narcotráfico. Al eliminar estas medidas, se limita la capacidad de la Policía Nacional para controlar el tráfico de explosivos utilizados por la minería ilegal, no solo para el robo de minerales, sino también para desviarlos hacia otras actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad nacional. Además, alertaron sobre el incentivo que se prolonga para las invasiones de terrenos concesionados por el Estado peruano, generando inestabilidad jurídica que desalienta las inversiones en el sector. Señalaron la importancia de diferenciar entre la minería a pequeña escala formal o informal y la minería ilegal, que opera de manera criminal y se asocia con organizaciones delictivas. Los gremios también criticaron el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al considerar que actualmente facilita la operación de mineros ilegales, quienes utilizan explosivos y armas de guerra, causando daños ambientales y económicos significativos al país. Adicionalmente, advirtieron que la derogación de esta norma va en contra de la economía formal y la seguridad de los ciudadanos, al permitir la impunidad de las actividades criminales en el territorio nacional. Por último, hicieron un llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo para unirse en la lucha contra la criminalidad, instando a la adopción de medidas efectivas que pongan fin a la impunidad con la que operan las actividades delictivas, incluida la minería ilegal.