Rosario en alerta: Ola de violencia desafía al gobierno de Javier Milei

La ciudad de Rosario, en Argentina, se encuentra sumida en una ola de violencia sin precedentes que ha dejado a la población en estado de consternación. Los recientes asesinatos de civiles como Bruno Nicolás Bussanich, taxistas y el ataque a un chofer de trolebús han llevado al gobierno del presidente Javier Milei a tomar medidas drásticas para combatir la delincuencia que azota la región. El asesinato de Bruno Bussanich, empleado de una gasolinera, conmocionó a la nación al ser perpetrado en su lugar de trabajo y acompañado de una nota amenazante dirigida a altos funcionarios del gobierno provincial de Santa Fe. Este crimen, que quedó registrado en video, se suma a una serie de ataques violentos que han paralizado a la ciudad, con taxistas y colectivos deteniendo sus actividades en señal de protesta y temor. La nota dejada por los criminales hacía referencia al endurecimiento del régimen penitenciario en la provincia, lo que ha desatado la ira de bandas criminales locales. Específicamente, la implementación de un Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo, similar a las medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha generado un malestar entre los criminales encarcelados, quienes ven afectados sus privilegios y control dentro de las prisiones. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ha defendido estas acciones como parte de la estrategia para restaurar la paz social en las calles y en las cárceles. La presencia de fuerzas federales y la aplicación de la ley antiterrorista son algunas de las medidas que se están implementando para contener la violencia desatada por las bandas criminales, que buscan mantener su control sobre la ciudad. En medio de este panorama, se destaca la presencia de un peruano, Julio Rodríguez Granthon, como jefe de una poderosa banda narcotraficante en Rosario. Con antecedentes de tráfico aéreo de drogas y una red de sicarios a su disposición, Rodríguez Granthon ha sido condenado a 21 años de prisión y sigue operando desde la cárcel, controlando territorios clave para el tráfico de drogas en la ciudad. La situación en Rosario refleja la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de medidas contundentes para restaurar la seguridad en la región. El gobierno argentino está decidido a enfrentar a las bandas criminales y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, aunque el desafío es grande dada la presencia y el poder de estas organizaciones delictivas en la ciudad.