El Tribunal Constitucional evalúa retirar peajes de Rutas de Lima mediante hábeas corpus, desatando debate legal y político de alto impacto. La decisión podría marcar un precedente crucial en controversias de concesiones.

El Tribunal Constitucional se encuentra actualmente en proceso de decidir sobre la posibilidad de retirar los peajes de Rutas de Lima a través de un hábeas corpus. Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito legal y político, ya que podría sentar un precedente significativo en cuanto a la forma en que se resuelven las controversias sobre contratos de concesión en el país. El recurso de hábeas corpus fue presentado por el abogado Ramón Pairazaman León, quien argumentó que la existencia del peaje en Puente Piedra vulnera el derecho de libertad de tránsito. La Municipalidad Metropolitana de Lima respaldó esta postura, generando un apoyo significativo en torno a la petición de retirar el peaje. Sin embargo, expertos legales como Renzo Carrasco han señalado que el hábeas corpus no es el mecanismo adecuado para resolver controversias contractuales como esta. Advierten que permitir que se retiren los peajes a través de este recurso podría abrir la puerta a futuros cuestionamientos sobre otras concesiones en el país, lo que pondría en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones. Por otro lado, Roger Zavaleta ha enfatizado que la vía para resolver disputas contractuales como esta es a través de arbitraje, como estipula el contrato de concesión de Rutas de Lima. Argumenta que declarar un contrato como corrupto o perjudicial para la ciudadanía debe seguir los procedimientos establecidos en los propios acuerdos firmados. El debate se ha intensificado con la implicación de actores políticos como el alcalde López Aliaga, quien ha denunciado posibles actos de corrupción en la adjudicación del contrato de Rutas de Lima. Sin embargo, la legalidad y validez de dicho contrato aún están en proceso de análisis por parte de las autoridades competentes. En medio de estas discusiones, la ciudadanía se encuentra a la espera de una decisión por parte del Tribunal Constitucional, que tendrá repercusiones no solo en el caso específico de los peajes de Rutas de Lima, sino en el futuro de las concesiones y contratos en todo el país. La seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho están en juego, y la definición de este caso sentará un importante precedente para la resolución de conflictos similares en el futuro.