
Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.




La creciente preocupación por el medio ambiente ha llevado a muchos gobiernos a implementar una serie de impuestos verdes que buscan no solo generar ingresos para el Estado, sino también promover prácticas más sostenibles entre las empresas y la población en general. Sin embargo, los expertos han comenzado a manifestar su inquietud respecto a la manera en que estas medidas fiscales están siendo aplicadas y sus posibles consecuencias sobre la economía. En el marco del III Encuentro EXPANSIÓN Fiscal, varios especialistas coincidieron en la necesidad de replantear la fiscalidad medioambiental con el fin de evitar que estas políticas perjudique la actividad económica. Baltasar Gómez, director de Fiscalidad de Naturgy, expresó su descontento al afirmar que, a pesar de la proliferación de impuestos verdes en España, ninguno parece cumplir con su objetivo fundamental: modular comportamientos para lograr un impacto ambiental positivo. “Hemos entrado en el mantra de los impuestos verdes, pero en realidad no estamos avanzando hacia una recaudación cero a largo plazo”, subrayó. Esta crítica resuena con otros especialistas, quienes insisten en que la clave radica en regular comportamientos de manera efectiva, en lugar de simplemente incrementar la carga fiscal sobre las empresas. Luis Leis, profesor de la IE Law School de la IE University, añadió que la postura de la Unión Europea también debe ser revisada, especialmente en el contexto de cambios políticos como los que se avecinan con la posible segunda administración Trump. Aunque hay temas en los que la UE no puede permitirse flexibilizar su postura, como la crisis en Ucrania o la inmigración, en el ámbito fiscal es esencial adoptar un enfoque más realista. “El impuesto complementario es una locura”, afirmó, haciendo hincapié en que la sostenibilidad es crucial, pero necesita ser abordada de una manera más pragmática. Los expertos anticipan que, en los próximos años, la fiscalidad medioambiental podrá evolucionar hacia un modelo que no comprometa la competitividad de las empresas. Gómez se mostró optimista y aseguró que “dentro de 10 o 15 años, esta fiscalidad seguirá existiendo, pero espero que de una forma más inteligente”. Para él, es fundamental cuestionar si la velocidad a la que se desea alcanzar la sostenibilidad es la adecuada, señalando que es preferible un enfoque que no imponga costes desproporcionados a ciertos sectores económicos. Carlos Lázaro, director de Asesoría Fiscal de Sabadell, advirtió que las decisiones fiscales pueden determinar el futuro de la economía europea. “Dentro de diez o quince años veremos que, o hemos hecho las cosas bien, o las habremos hecho fatal”, puntualizó. La preocupación surge de la posibilidad de que un aumento excesivo de los costes tributarios pueda frenar la inversión, obstaculizar la creación de empleo y comprometer el crecimiento económico, lo que a su vez podría propiciar una transición hacia la sostenibilidad más lenta que en otras regiones del mundo menos comprometidas con estas políticas. La dualidad de la fiscalidad verde, que incluye tanto el “palo” como la “zanahoria”, también fue discutida. Mientras que el "palo" busca sancionar las actividades contaminantes, la "zanahoria" propone incentivos fiscales para fomentar prácticas sostenibles. Leis destacó la importancia de modular comportamientos y comentó que, si la recaudación no alcanza los objetivos deseados, eso no debería ser un problema si se logra un cambio de conducta en el sector empresarial. Lázaro también enfatizó que la fiscalidad puede ser tanto una barrera como un motor de transición hacia una economía más sostenible. “La fiscalidad tiene que ser meditada, y la inversión en proyectos que promuevan la sostenibilidad es esencial para mejorar la competitividad a largo plazo”, indicó. En este sentido, los bancos también juegan un papel crucial al apoyar a las empresas durante su transición, asumiendo riesgos en las decisiones de inversión necesarias para construir un futuro más sostenible. El coste regulatorio de adaptación a las nuevas normativas, junto con la incertidumbre en las políticas fiscales, fue otro punto de discusión importante. Gómez argumentó que esta incertidumbre obliga a las empresas a dedicar recursos significativos a asesoría fiscal, lo que puede ser un obstáculo para la innovación y la eficiencia. Por su parte, Lázaro mencionó que la transición energética debe correlacionarse con un aumento en la competitividad y que las normas deben ofrecer certidumbre a los inversores. Finalmente, los expertos coincidieron en que el enfoque a largo plazo es esencial para garantizar una transición exitosa hacia la sostenibilidad. Leis remarcó que la capacidad de reacción e improvisación también debe ser parte del proceso, dado el ritmo acelerado de los cambios actuales. “Los gobiernos deben considerar cómo incentivar el cumplimiento y la eficiencia de las normas”, concluyó, dejando claro que la fiscalidad medioambiental debe ser reformulada para ser una herramienta efectiva que realmente apoye la transición hacia un futuro más sostenible.