El sector automotriz ante el reto de las emisiones: desafíos y cambios urgentes

El sector de la automoción se encuentra en una encrucijada crucial al iniciar el año 2025, enfrentando desafíos significativos derivados de la nueva normativa de reducción de emisiones de CO2 que entra en vigor el 1 de enero. Según el Reglamento (UE) 2019/631, los fabricantes de automóviles deben cumplir con objetivos de emisiones estrictos para los turismos y vehículos comerciales ligeros, lo que plantea un reto considerable para la industria, especialmente en un contexto donde la transición hacia energías más limpias es urgente. Para los turismos nuevos, el objetivo de emisiones medias se fija en 93,6 g CO2/km, mientras que para los vehículos comerciales ligeros nuevos se establece en 153,9 g CO2/km. A medida que el horizonte se extiende hacia 2030 y 2035, las exigencias se vuelven aún más drásticas, con emisiones que deberían llegar a cero en ambas categorías en un plazo de una década. Este panorama obliga a los fabricantes a acelerar la transformación hacia tecnologías más sostenibles, un proceso que, sin embargo, no se está desarrollando al ritmo necesario. Faconauto, la patronal de concesionarios en España, ha advertido que para cumplir con los objetivos del próximo año, se requiere que los coches eléctricos puros lleguen a una penetración del 25% en el mercado, una meta ambiciosa teniendo en cuenta que actualmente solo representan el 5%. Esto implicaría vender unas 236.000 unidades de vehículos eléctricos, un número muy por encima de las 70.000 que se prevén para 2025. Si la adopción de vehículos eléctricos no avanza lo suficiente, los fabricantes se verán obligados a disminuir la venta de coches de combustión para evitar sanciones por exceder las emisiones permitidas. El impacto de estas medidas en el mercado español podría ser devastador. Con una necesidad de reducir la matriculación de hasta 175.000 coches de combustión para cumplir con la normativa, el sector automovilístico, que representa una parte vital de la economía española, se enfrenta a un futuro incierto. España es el segundo país de Europa en producción de vehículos, y una disminución drástica en la matriculación podría repercutir negativamente en el empleo y la inversión en el sector. En este contexto de incertidumbre, el Grupo PPE en el Parlamento Europeo ha presentado un plan que busca preservar la competitividad del sector automovilístico europeo. Esta propuesta ha sido bien recibida por ACEA, la Asociación europea de fabricantes de automóviles, y sugiere revisar la prohibición de vehículos de combustión interna. Se aboga por un enfoque de neutralidad tecnológica que fomente la innovación y se proponen medidas temporales de alivio para evitar que los fabricantes sean penalizados de inmediato por los nuevos estándares. El llamado a la neutralidad tecnológica se hace eco de la necesidad de un avance más equilibrado en la transición hacia la movilidad sostenible. Muchos expertos advierten que una imposición abrupta de normativas estrictas podría dejar a un gran número de europeos sin acceso a vehículos, al tiempo que se pone en riesgo la estabilidad laboral dentro de la industria, favoreciendo a competidores como China que pueden ofrecer alternativas más flexibles. Paralelamente, se prevé el lanzamiento de un Diálogo estratégico sobre el futuro de la industria de la automoción en Europa, una iniciativa liderada por la presidenta de la Comisión Europea. Esta propuesta tiene como objetivo discutir y aplicar medidas que el sector necesita urgentemente para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado, entre los que se encuentra la Ley de movilidad sostenible en España, que obligará a las empresas con más de 500 empleados a instaurar planes de movilidad sostenible en un plazo de dos años. En términos de incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos, el anuncio del fin de la vigencia del programa Moves III, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, ha encendido alarmas en el sector. Las organizaciones como Anfac y Faconauto han solicitado la creación de un Moves IV que contemple ayudas directas, minimizando los tiempos de espera y facilitando la compra de vehículos eléctricos mediante la eliminación de la tributación y la reducción del IVA. La urgencia de estos cambios es palpable, y la industria automovilística se enfrenta a un periodo de transformación que no solo impactará sus operaciones, sino que también afectará la vida de millones de personas en términos de empleo, movilidad y acceso a la tecnología. En este sentido, el éxito de la transición hacia una movilidad más sostenible dependerá de la colaboración entre el sector público y privado para construir un futuro en el que los vehículos eléctricos no solo sean una alternativa, sino una realidad accesible para todos.