Fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. plantea desafíos en reestructuración empresarial

El reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Harrington v. Purdue Pharma ha generado un intenso debate sobre la intersección entre las acciones colectivas, la insolvencia y la reestructuración empresarial. Al examinar la situación de Purdue Pharma, empresa emblemática en la controversia por la comercialización del opioide OxyContin, se pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales en situaciones de crisis empresarial. Esta decisión marca un hito en la forma en que se abordan las reclamaciones masivas y la responsabilidad corporativa, lo que podría tener repercusiones significativas en otras jurisdicciones, incluidas las de países como España. El caso tiene su origen en una avalancha de demandas que la compañía enfrentó debido a las devastadoras consecuencias de su producto. Ante la incapacidad de hacer frente a las reclamaciones, Purdue Pharma optó por acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, buscando reestructurar su deuda y, al mismo tiempo, proteger a sus accionistas y administradores de futuras responsabilidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó esta estrategia, sentando un precedente al establecer que la reestructuración no puede utilizarse como un mecanismo para liberar a terceros de responsabilidades sin el consentimiento de los acreedores. Este fallo resuena particularmente en el contexto español, donde aún se espera la implementación de una ley que permita acciones colectivas que otorguen indemnizaciones a grupos de consumidores afectados. La falta de este marco legal en España limita significativamente las opciones de los afectados por la insolvencia de empresas responsables de daños masivos. La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. subraya la importancia de garantizar que las reestructuraciones no se conviertan en un escudo para los responsables. En situaciones donde las empresas enfrentan reclamaciones por daños, como es el caso de productos defectuosos o actividades nocivas para el medio ambiente, la insolvencia puede ser una consecuencia inevitable. Sin embargo, el cierre de la actividad empresarial no siempre es la solución más favorable. Los efectos del colapso de una empresa no solo impactan a sus empleados, sino que también pueden llevar a una reducción en la competencia y un aumento en la carga de los acreedores que buscan recuperar su inversión. Para mitigar este desenlace, las empresas españolas tienen la opción de intentar reestructurar sus deudas mediante acuerdos homologados judicialmente. Sin embargo, la ley actual restringe que los créditos por daños sean parte de estos acuerdos, lo que limita la viabilidad de esta solución. El hecho de que no se permita que estos créditos sean afectados por un plan de reestructuración pone a las empresas en una situación delicada, donde la única salida puede ser solicitar la declaración de concurso. En el contexto del concurso, la opción de venta de la unidad productiva emerge como una alternativa viable. Este mecanismo permite que una empresa insolvente venda su negocio mientras se encuentra bajo la supervisión del tribunal. La venta no solo puede extraer valor de una empresa viable, sino que también puede facilitar un reparto equitativo entre los acreedores afectados sin la necesidad de un proceso de liquidación prolongado y costoso. El éxito de este enfoque depende, en gran medida, de que la venta se realice correctamente y que el comprador sea un tercero ajeno a los accionistas. Esto asegura que la transacción no se utilice como una estrategia para que los accionistas mantengan el control del negocio sin asumir las responsabilidades. La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de bloquear la reestructuración de Purdue Pharma resalta la importancia de que los administradores y accionistas actúen con responsabilidad y en el mejor interés de todos los afectados. La venta de la unidad productiva, además de ser una opción para salvar el negocio, también tiene como objetivo maximizar la recuperación de los acreedores. Sin embargo, este proceso puede requerir que los acreedores estén dispuestos a sacrificar una parte de sus intereses para lograr un resultado que evite el cierre definitivo de la empresa. La necesidad de un enfoque equilibrado es crucial para evitar que el fracaso de una empresa tenga repercusiones aún más amplias en la economía. En última instancia, el caso de Purdue Pharma y su fallo asociado destacan la relevancia de un marco legal claro y justo que aborde la responsabilidad corporativa y la protección de los acreedores. Las lecciones aprendidas de este caso pueden ofrecer una guía valiosa para la creación de nuevas leyes en otras jurisdicciones, como España, donde la falta de un sistema de acciones colectivas ha dejado a muchos perjudicados sin acceso a recursos efectivos. Mientras el mundo observa la evolución de estos procesos, queda la esperanza de que se puedan establecer mecanismos más sólidos para abordar la insolvencia de manera que se protejan los derechos de todos los involucrados.