Crisis en la política fiscal de España: urgencia de una estrategia sostenible

La situación actual de la política presupuestaria en España pone de manifiesto una alarmante falta de dirección que podría comprometer el bienestar futuro del país. En medio de un debate que se ha centrado en aspectos fundamentales de la gobernanza, se ha echado en falta una discusión crucial: la necesidad de establecer una estrategia fiscal efectiva que eleve el bienestar de los ciudadanos de manera sostenible. La ausencia de un rumbo claro se refleja en la prórroga de presupuestos y en la falta de propuestas concretas para el próximo ejercicio, lo que genera una sensación de provisionalidad que preocupa tanto a expertos como a ciudadanos. Uno de los elementos más preocupantes es la indefinición que caracteriza el actual panorama. Hasta el momento, no se han aprobado los pilares básicos que deberían guiar la política fiscal, como el techo de gasto y la senda fiscal a medio plazo. La dilatación de estos objetivos en los meandros parlamentarios no solo refleja la falta de consenso, sino que también sumerge al país en una inestabilidad que podría obstaculizar el crecimiento y la inversión. Esta situación no es exclusiva de España; varios países europeos enfrentan retos similares. Sin embargo, la particularidad radica en que España se encuentra en un momento coyuntural favorable, siendo la única de las grandes economías europeas que crece por encima de su potencial. Este crecimiento, aunque positivo, no ha logrado traducirse en una mejora significativa en las cuentas públicas. A pesar de que el déficit se mantiene ligeramente por debajo del año anterior, el déficit primario continúa siendo un indicador preocupante. Esto significa que el país no está logrando un equilibrio sostenible en sus finanzas, lo que podría tener consecuencias a largo plazo. Entre enero y junio de este año, las administraciones públicas acumularon un incremento de pasivos que supera los 51.000 millones de euros, un dato que subraya la urgencia de replantear la política fiscal. La política fiscal se convierte, por tanto, en una herramienta esencial para estimular la economía, especialmente en lo que respecta a la inversión productiva. La expectativa de un ajuste en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) podría ofrecer un respiro, aunque limitado. Un descenso, aunque sea modesto, podría despejar las expectativas de inversión y, a su vez, potenciar el efecto multiplicador de los fondos europeos. No obstante, la coincidencia de estímulos presupuestarios y monetarios podría acarrear riesgos, como la desvío de recursos hacia actividades menos productivas y un aumento de la presión inflacionaria en sectores de servicios. La consolidación del déficit también requiere una estrategia presupuestaria alineada con el ciclo económico. Aunque España ha logrado colocar deuda en condiciones favorables, la situación podría cambiar drásticamente con el cese completo de la compra de deuda por parte del BCE. A partir del próximo año, el banco central comenzará a deshacerse de los bonos adquiridos durante la pandemia, lo que podría elevar los costos de nuevas emisiones de deuda, complicando aún más la financiación del déficit. Ante este panorama, es evidente que un replanteamiento de la política fiscal es ineludible. Las prórrogas presupuestarias se han vuelto recurrentes, pero el impacto de una nueva dilación sería más notable en el contexto actual. Las cuentas que se diseñaron en 2022 están ancladas en un contexto sanitario y geopolítico que ya no refleja la realidad. Por tanto, la capacidad de prolongar el ciclo expansivo y, con ello, el margen de maniobra para implementar reformas de gobernanza, depende en gran medida de la formulación de una estrategia fiscal creíble y efectiva. La falta de consenso en torno a las directrices fiscales fundamentales solo agudiza los dilemas que enfrenta el país. Es imperativo que los responsables políticos trabajen en conjunto para establecer un marco claro que guíe la economía hacia un futuro más sostenible y equitativo. La ausencia de un acuerdo podría dar lugar a una mayor incertidumbre, lo que afectaría negativamente tanto a la inversión como al crecimiento a largo plazo. La situación es compleja y requiere una respuesta rápida y decidida. La política fiscal no solo debe ser un parche para cubrir déficits, sino que debe estar orientada a crear un entorno propicio para el crecimiento y el bienestar social. En definitiva, se hace urgente un abordaje integral que no solo contemple medidas a corto plazo, sino que también trace un camino claro hacia la sostenibilidad y la prosperidad futura. La responsabilidad de los líderes políticos es monumental y su capacidad para actuar con visión y cohesión determinará el rumbo de la economía española en los próximos años.