Gustavo Petro impulsa intervención estatal en economía y servicios públicos en Colombia

En un giro significativo, el presidente Gustavo Petro ha revitalizado su enfoque hacia la intervención estatal en la economía y los servicios públicos, marcando un claro distanciamiento de la administración anterior. Su reciente discurso ha enfatizado la necesidad urgente de que el Estado asuma un rol más activo, especialmente en sectores críticos como la energía y la salud. En un contexto donde el gobierno conservador había priorizado la desregulación y la privatización, Petro busca restaurar la confianza en lo público y desafiar la hegemonía de los grandes conglomerados. Recientemente, Petro ha dirigido su atención a las altas tarifas de energía que afectan a las familias y pequeñas empresas. En un pronunciamiento contundente, destacó que Colombia se encuentra en una situación única en América Latina, siendo el único país donde el costo de la energía no es regulado por el Estado. Este hecho le ha permitido a las empresas del sector especular y establecer precios arbitrarios, un fenómeno que Petro atribuye a la existencia de un oligopolio que controla el 70% de la generación de energía. Su llamado a la intervención estatal no solo busca aliviar la carga financiera sobre los ciudadanos, sino que también está enfocado en desmantelar las prácticas monopolísticas que han prevalecido. Sin embargo, la implementación de estas medidas no será sencilla. La fórmula actual para determinar las tarifas de energía es manejada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un órgano semi-autónomo que se rige por criterios de oferta y demanda. A pesar de los intentos de Petro por modificar esta estructura, sus esfuerzos han sido bloqueados por el Consejo de Estado, lo que subraya las limitaciones que enfrenta su administración al intentar cambiar una ley existente. Aun así, el presidente mantiene su postura, insistiendo en que el Estado debe tener un papel más determinante en la fijación de precios. Además de su enfoque en el sector energético, Petro ha propuesto que el Estado influya en la asignación de créditos por parte de los bancos, sugiriendo un modelo de "inversiones forzosas". Esta propuesta, aunque aún carece de detalles específicos, ha sido recibida con escepticismo por parte de banqueros y empresarios. La idea de que el Estado dirija los recursos del ahorro público hacia sectores productivos puede chocar con la filosofía de mercado que ha predominado en el país. No obstante, Petro ha anticipado críticas, argumentando que la intervención estatal es esencial para romper con la lógica neoliberal que ha dominado el discurso económico en Colombia. La tensión entre la visión de Petro y los intereses del sector bancario se ha intensificado, y se está cocinando una alternativa que permitiría a los bancos canalizar fondos hacia ciertas empresas de manera voluntaria. Sin embargo, esta propuesta podría no satisfacer las ambiciones del presidente, quien busca una mayor injerencia del Estado en la economía. Su insistencia en este punto refuerza su compromiso con la expansión de la intervención pública, aunque su camino hacia su implementación efectiva sigue siendo incierto. Un aspecto adicional que resalta la postura de Petro hacia lo público es su enfrentamiento con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en relación con el futuro del hospital San Juan de Dios. Este emblemático establecimiento de salud ha sido objeto de controversia, ya que el presidente ha abogado por la preservación de su patrimonio, mientras que el alcalde busca avanzar con un proyecto que podría privatizar parte de sus operaciones. Esta disputa, aunque local, simboliza una batalla más amplia sobre los valores y prioridades del gobierno de Petro. El conflicto en torno al San Juan de Dios no solo es una cuestión de urbanismo o patrimonio cultural; también se entrelaza con la visión de Petro sobre la salud pública. Su experiencia previa como alcalde y su compromiso con el sistema de salud han llevado a la administración a tomar decisiones audaces, a pesar de las críticas. El presidente ha argumentado que la privatización de hospitales ha resultado en una disminución de la calidad de atención a nivel mundial, un punto que pretende enfatizar en cada ocasión que discute sobre salud pública. A medida que el gobierno se prepara para presentar una nueva reforma a la salud, la magnitud de la apuesta de Petro por lo público se volverá aún más clara. Esta reforma ha sido objeto de debate, con diversas bancadas legislativas mostrándose reticentes a respaldar una expansión del papel del Estado en el aseguramiento y administración de la salud. Las negociaciones políticas que se desarrollen en torno a esta propuesta serán cruciales para determinar hasta qué punto el presidente puede lograr su visión de un Estado más interventor y regulador. Finalmente, el desafío que enfrenta Petro es equilibrar su agenda pro pública con la necesidad de construir consensos políticos en un Congreso fragmentado. El éxito de su gobierno dependerá en gran medida de su capacidad para navegar en este delicado terreno, donde las viejas estructuras de poder y las nuevas aspiraciones de cambio se encuentran en un constante tira y afloja. En este escenario, el futuro de Colombia se define no solo por las reformas en sí, sino también por la forma en que estas se implementen y se acepten en una sociedad que sigue lidiando con profundas desigualdades y desafíos estructurales.