Desafíos económicos en Perú: tensiones políticas y falta de confianza ciudadana

En la fecha del 11 de agosto, el panorama económico del Perú ha sido objeto de atención en diversas ocasiones, reflejando tanto las tensiones políticas como las preocupaciones sociales en torno a las decisiones gubernamentales. Este año, el debate sobre incentivos tributarios para el sector de la construcción ha tomado protagonismo, evidenciando las disparidades en la visión económica de los distintos ministerios. El Ministro de Economía, quien ha manifestado su oposición a los incentivos tributarios, ha argumentado que tales medidas podrían crear distorsiones en la economía peruana. Según su perspectiva, el enfoque debe centrarse en la sostenibilidad fiscal en lugar de recurrir a políticas que, aunque tentadoras en el corto plazo, podrían resultar perjudiciales a largo plazo. Esta postura contrasta con la del Ministro de Vivienda, quien ha expresado la necesidad de impulsar la construcción a través de incentivos, buscando estimular un sector que tradicionalmente ha sido motor de empleo y desarrollo en el país. La situación se vuelve más compleja al considerar que Perú todavía enfrenta altos niveles de pobreza. Desde el despacho del Ministro Carranza, se ha hecho un llamado a la solidaridad para reducir este flagelo, sugiriendo que las acciones deben ser más integrales y considerar el bienestar de la población en su conjunto. Esto implica que cualquier medida debe tener en cuenta no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también su impacto en la desigualdad social y la calidad de vida de los ciudadanos. Volviendo a una década atrás, en agosto de 2014, el panorama político y económico era igualmente problemático. En ese entonces, la aprobación del presidente Ollanta Humala experimentaba altibajos, con un 49% de la población considerando que su gobierno sería regular en los dos años siguientes. La percepción de la economía estaba marcada por la desaceleración, donde los sectores D y A/B mostraban mayores niveles de preocupación, mientras que el estrato C era el menos afectado. Esto refleja una realidad persistente en la que las percepciones de la economía están profundamente ligadas a la situación socioeconómica de cada grupo. A medida que el tiempo avanza, el análisis de encuestas y estudios de opinión pública revela que el escepticismo hacia el futuro es una constante en la narrativa peruana. En la actualidad, solo un 13% de los peruanos estima que el Gobierno de Dina Boluarte será bueno en los próximos años, evidenciando una falta de confianza generalizada. La situación se complica aún más con la introducción de 13 proyectos de ley que podrían encarecer el empleo, lo que ha suscitado preocupaciones entre los expertos en economía laboral. Estos proyectos, que abordan temas como el acceso a utilidades para trabajadores tercerizados y la modificación del periodo de prueba, han sido criticados por no considerar el amplio problema de la informalidad laboral en el país. En un contexto donde se estima que más del 70% de los trabajadores en Perú se encuentra en la informalidad, la regulación de un pequeño segmento de la población podría no solo ser insuficiente, sino contraproducente, al generar mayores distorsiones en el mercado laboral. La falta de un enfoque integral que atienda la informalidad y considere la realidad de los trabajadores es un desafío que el Gobierno debe abordar con urgencia. La solución a estos problemas requiere no solo de medidas económicas, sino de un compromiso social que contemple el bienestar de todos los peruanos, especialmente de aquellos que viven en situaciones vulnerables. Así, el camino hacia una recuperación económica sostenible y equitativa en Perú parece estar lleno de obstáculos. La discordancia entre los diferentes ministerios y la falta de una estrategia clara y consensuada podrían perpetuar la incertidumbre y la desconfianza en la gestión pública. En este contexto, es imperativo que los líderes políticos y económicos del país encuentren un terreno común que permita la implementación de políticas que beneficien a todos, en lugar de a unos pocos. La historia de estos debates y sus implicaciones para el futuro del Perú nos recuerda que la economía no es solo números y gráficos; es, sobre todo, una cuestión de personas y sus vidas. La capacidad del país para enfrentar sus desafíos dependerá de su habilidad para construir puentes entre las distintas visiones y generar soluciones inclusivas que promuevan un desarrollo justo y sostenible.