Aumento de feriados en Perú genera preocupación por impacto económico y productividad

El reciente aumento de feriados en Perú ha suscitado un intenso debate sobre sus implicaciones económicas. Mientras que los días festivos cumplen con el noble objetivo de conmemorar momentos significativos de la historia nacional y ofrecer a los trabajadores un merecido descanso adicional, la creciente acumulación de estas fechas parece poner en jaque la estabilidad económica del país. En un contexto en el que la economía peruana ya enfrenta desafíos estructurales, la decisión del Congreso de incrementar los feriados podría resultar contraproducente. En los últimos años, el Legislativo ha añadido cuatro nuevos feriados obligatorios, lo que representa un incremento notable en la carga de descanso para los trabajadores del sector público y privado. Con la inclusión de fechas como el Día de la Fuerza Aérea y el Día de la Bandera, el número total de días de descanso se ha elevado, lo que lleva a un total de 46 días que los empleadores deben afrontar sin recibir a cambio trabajo. Esta realidad deja a Perú en una posición desventajosa en comparación con otros países de la región, donde la carga de feriados suele ser menor. El costo de esta medida es significativo. Hablamos de una pérdida potencial de 0,7 puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mensual, lo que se traduce en una merma anual considerable que podría superar los S/2.000 millones. Estos números son alarmantes, sobre todo para un país que ya lidia con una informalidad laboral que afecta a siete de cada diez trabajadores. Para las pequeñas empresas formales, esta carga puede ser devastadora, llevándolas a una situación insostenible en la que deben pagar por días no trabajados. El impacto no se limita únicamente a las empresas formales. Los trabajadores informales, quienes están fuera del sistema de planilla, también sufren las consecuencias de este panorama. La dificultad para acceder a la formalidad se intensifica, ya que los costos laborales se disparan, ahuyentando a quienes pudieran estar considerando dar el salto hacia un empleo formal. Esto perpetúa un ciclo de informalidad que, a su vez, limita el crecimiento económico en el largo plazo. Es crucial considerar también cómo la interrupción de actividades debido a los feriados afecta la productividad general del país. Perú ya se enfrenta a una baja productividad laboral en comparación con países vecinos como Chile y Argentina. La nueva legislación que amplía los días de descanso no hace más que acentuar esta brecha. En un entorno donde se trabaja menos y se produce menos, es difícil imaginar un escenario donde las inversiones fluyan y el crecimiento sea sostenido. La crítica más profunda a esta situación es que el aumento de feriados parece reflejar una tendencia hacia el populismo legislativo, donde se priorizan decisiones que, aunque populares, no consideran las consecuencias económicas. Los legisladores parecen actuar sin la debida consulta a expertos ni un análisis riguroso de los efectos a corto y largo plazo de sus decisiones. Esto crea un entorno en el que la economía nacional se ve forzada a adaptarse a normativas que, en lugar de fomentar el crecimiento, lo obstaculizan. Es fundamental que los responsables de formular políticas consideren un enfoque más equilibrado. La necesidad de descansar y conmemorar fechas importantes no debería entrar en conflicto con la imperiosa necesidad de generar riqueza y fomentar un ambiente laboral productivo. La búsqueda de un balance adecuado entre días de descanso y productividad económica es esencial para el desarrollo sostenible del país. Como ciudadanos, es nuestro deber hacer un llamado a la reflexión sobre estas decisiones. Cada nuevo feriado debe ser evaluado no solo por su simbolismo, sino también por su impacto en la economía y en la vida diaria de los peruanos. La historia nacional es importante, pero el futuro económico del Perú depende de decisiones informadas y responsables que prioricen la productividad y el bienestar general. En este contexto, la responsabilidad recae tanto en el Legislativo como en los ciudadanos. Es necesario abogar por un debate más profundo y fundamentado sobre la legislación que afecta a nuestro país. Si no se toma en cuenta la realidad económica, el Perú podría encontrarse en un camino que lo lleve a una menor competitividad y mayor pobreza, un legado que ningún legislador debería dejar a su paso.