Inseguridad y extorsión amenazan el futuro empresarial en México

El panorama empresarial en México se ha tornado sombrío, con un creciente número de empresas, tanto grandes como pequeñas, operando bajo la constante amenaza del crimen organizado. La situación ha alcanzado niveles alarmantes, donde el narcotráfico ha evolucionado en una red de bandas delictivas que extienden su dominio sobre cualquier actividad económica que les provea ingresos. Desde el asalto a restaurantes y tiendas de abarrotes hasta el ataque a cadenas de suministro de corporaciones, la inseguridad se ha convertido en un fenómeno común que afecta la operativa diaria de los negocios. Recientemente, la violencia ha cobrado la vida de líderes empresariales que se han atrevido a alzar la voz contra la inseguridad. Minerva Pérez Castro, dirigente de la Cámara Pesquera de Baja California, fue asesinada horas después de solicitar más vigilancia en las costas para frenar la pesca ilegal. Apenas unas semanas más tarde, Julio César Almanza Armas, presidente de la Cámara de Comercio de Tamaulipas y Matamoros, fue víctima de un ataque armado tras expresar que los empresarios son rehenes de bandas criminales. Estos hechos ponen de manifiesto el alto costo que significa hablar en una sociedad donde el miedo ha silenciado a muchos. La extorsión, el robo y los ataques al transporte de suministros son parte de la cotidianidad para muchos empresarios y trabajadores en el país. Las empresas de mayor tamaño suelen encontrar la manera de adaptarse a esta realidad, mientras que las pequeñas y medianas empresas enfrentan un futuro incierto, con un riesgo mayor de desaparecer ante tales presiones. La situación se complica aún más con el hecho de que las encuestas indican que un alto porcentaje de las empresas ha sido víctima de robos o extorsiones. A pesar de estas adversidades, México continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. El país ha desbancado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC) ha posicionado a México como una alternativa para las empresas que buscan diversificarse. La inversión extranjera directa ha crecido, incluso en estados con altos índices de criminalidad, lo que evidencia una compleja relación entre la economía y la seguridad. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío. Carlos López Portillo, director de la consultora Crisol, señala que la respuesta institucional a la violencia es deficiente y que los procesos judiciales no funcionan adecuadamente. Esto genera incertidumbre entre los empresarios que desean invertir en el país, quienes se preguntan a quién acudir en busca de protección. Aun así, muchos siguen apostando por el desarrollo económico de México, impulsados por su proximidad a Estados Unidos. Un caso emblemático de esta contradicción se produjo cuando Femsa anunció el cierre temporal de 191 sucursales de Oxxo en Nuevo Laredo por motivos de seguridad, justo cuando también revelaba un proyecto de expansión en Estados Unidos. Las grandes corporaciones tienen recursos para adaptarse a entornos complicados, mientras que las pequeñas empresas carecen de esas posibilidades, dejando a sus propietarios vulnerables ante el crimen. El impacto de la violencia no se limita al sector empresarial; los ciudadanos comunes también sufren las consecuencias. Los precios de productos básicos han aumentado, impulsados en parte por las extorsiones que enfrentan agricultores y distribuidores. Juan Carlos Anaya, consultor agrícola, alerta que entre el 15% y el 20% del incremento en los precios se debe a las cuotas que deben pagar para operar. Los consumidores son los que, finalmente, cargan con el peso de esta realidad. Las estadísticas son desalentadoras: la mayoría de los delitos de extorsión quedan impunes, y las cifras indican que, diariamente, hay un promedio de 31 víctimas de extorsión. La falta de acción por parte de las autoridades desanima a aquellos que podrían denunciar, perpetuando un ciclo de silencio y complicidad. A menudo, el temor a represalias es más fuerte que la necesidad de buscar justicia. La situación es un recordatorio de que la economía mexicana, que depende en gran medida de las micro y pequeñas empresas, enfrenta un reto monumental. Estas empresas son responsables de una parte significativa del empleo y del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, si la violencia y la extorsión continúan sin ser abordadas, el futuro de estas empresas se torna incierto. En un contexto donde la clase política es consciente de la gravedad de la situación, la necesidad de una estrategia de seguridad eficaz se vuelve imperativa. La prosperidad económica de México no solo depende de la inversión extranjera, sino también de la capacidad de proteger a sus ciudadanos y empresarios de la violencia que ha marcado la historia reciente del país. La inseguridad no es solo un problema de criminalidad; es un obstáculo que interfiere con el crecimiento y desarrollo de un país que aspira a consolidarse en la economía global. Sin medidas contundentes para frenar el crimen, el futuro del empresariado en México permanecerá a merced de las balas.