Desafíos y reflexiones ante propuestas de reestructuración en Petro-Perú

Desafíos y reflexiones ante propuestas de reestructuración en Petro-Perú

El anuncio de medidas de Petro-Perú genera debate sobre su viabilidad y necesidad de respaldo legal y financiero sólido para su efectividad y transparencia. La independencia de decisiones y la viabilidad a largo plazo son clave en la reestructuración.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, y Vargas Llosa, premio Nobel Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, en celebración de Alianza Lima Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro Eléctrica Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, Central Hidro

El reciente anuncio de medidas por parte de Petro-Perú ha generado diversas opiniones y reflexiones por parte de expertos y exfuncionarios del sector energético. Los exdirectivos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de Petro-Perú, Erick García y Fernando de la Torre respectivamente, coinciden en que si bien estas propuestas no tendrán un impacto inmediato en la situación financiera de la estatal petrolera, sí pueden contribuir a restablecer la credibilidad perdida en los últimos años y mejorar su imagen tanto interna como externa. El presidente del directorio de Petro-Perú, Oliver Stark, ha señalado la importancia de que las propuestas sean respaldadas por la Junta General de Accionistas, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem. Sin embargo, la ausencia de los titulares de estos ministerios ha generado incertidumbre sobre el respaldo oficial a estas medidas en un momento crucial para la empresa. La necesidad de reducir costos para frenar las pérdidas operativas de Petro-Perú ha sido resaltada por Alfredo Thorne, exministro de Economía. No obstante, Thorne advierte que estas medidas deben ser respaldadas por una ley emanada del Congreso para garantizar su viabilidad y eficacia, evitando posibles interferencias sindicales que puedan obstaculizar el proceso de reestructuración. En este sentido, Carlos Paredes, expresidente del directorio de Petro-Perú, ha destacado la importancia de que las decisiones tomadas por la corporación se ejecuten efectivamente, lo cual ha sido un desafío debido a posibles intereses contrapuestos por parte de gerencias y trabajadores de la empresa. Por su parte, Fernando de la Torre ha subrayado la necesidad de una ley que declare a Petro-Perú en reestructuración y suspenda los convenios sindicales para facilitar un traslado eficiente del personal a Talara. Este desafío incluye la complejidad de los acuerdos laborales vigentes, que establecen condiciones específicas para la reubicación de empleados y sus familias. El anuncio de contratar una empresa restructuradora para Petro-Perú ha generado debate, con voces críticas como la de Alejandro Indacochea, quien destaca la importancia de garantizar la independencia de gestión de esta empresa para evitar influencias políticas. Asimismo, se plantea la posibilidad de una inyección económica por parte del Estado para respaldar esta gestión. La necesidad de separar los flujos de caja de corto plazo y considerar la implementación de un fideicomiso de flujos ha sido propuesta por De la Torre como una medida clave para abordar el déficit de capital de trabajo de Petro-Perú. Este enfoque busca salvaguardar los recursos necesarios para mejorar la salud financiera de la empresa a largo plazo. En medio de estas propuestas, surge la preocupación sobre la viabilidad de las medidas presentadas para revertir la calificación crediticia de Petro-Perú, según De la Torre. La venta de activos no esenciales y otras acciones propuestas podrían no ser suficientes para afrontar los desafíos financieros a los que se enfrenta la estatal petrolera. En conclusión, las medidas anunciadas por Petro-Perú han generado un debate en torno a la necesidad de un respaldo legal y financiero sólido para garantizar su efectividad. La transparencia en la gestión, la independencia de las decisiones y la viabilidad a largo plazo de las propuestas son elementos clave que deberán ser considerados en el proceso de reestructuración de la empresa estatal.

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