El desafío de Ecuador: la polémica eliminación de subsidio al combustible

En medio de un escenario marcado por la controversia y la resistencia social, el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ha dado un paso decisivo al anunciar la eliminación del subsidio al combustible Extra, una medida que entrará en vigor a finales de junio. Esta decisión, que pone fin a uno de los combustibles más utilizados en el país, no es nueva en la escena política ecuatoriana, ya que gobiernos anteriores como los de Lenin Moreno y Guillermo Lasso fracasaron en sus intentos por suprimir los subsidios, desencadenando movilizaciones violentas que paralizaron la economía. En un intento por evitar enfrentamientos y situaciones de crisis, el Gobierno de Noboa ha buscado negociar con los sectores más afectados por esta medida, en particular los transportistas. Se ha acordado una compensación para mitigar el impacto de la eliminación del subsidio, con la esperanza de evitar protestas masivas y el aumento desmedido de los pasajes del transporte. Sin embargo, la reacción de las organizaciones sociales y sindicales no se ha hecho esperar, manifestándose en contra de la medida en las calles de Quito, aunque por el momento con una acogida limitada. La eliminación del subsidio al combustible Extra tiene como objetivo principal generar un ahorro de alrededor de 600 millones de dólares al año, una cifra significativa que el Gobierno pretende utilizar para equilibrar la caja fiscal, mejorar la infraestructura energética o destinar a programas sociales. A pesar de estas promesas, sectores críticos señalan que los presupuestos en estas áreas no han experimentado un aumento significativo, generando incertidumbre en la población sobre el destino real de estos fondos. La implementación de la medida se realizará por fases, comenzando con un aumento en el precio del combustible Extra de 26 centavos de dólar por galón, lo que llevará el precio final a 2,72 dólares. Posteriormente, se establecerá un sistema que permitirá ajustes en el precio en función de las variaciones internacionales del petróleo y los combustibles, asegurando que el valor se mantenga por debajo del promedio de la región. Asimismo, se destinarán alrededor de 100 millones de dólares para compensar el incremento a los conductores de transporte urbano y rural, como parte de los acuerdos alcanzados con los transportistas. Esta medida se suma a otras acciones de ajuste económico implementadas por el Gobierno de Noboa, como el aumento del IVA a productos de la canasta básica en abril. Estas decisiones forman parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, que ha otorgado un crédito de 4.000 millones de dólares a Ecuador. Hasta el momento, se han transferido 1.000 millones de dólares, que se destinarán en su mayoría al pago de deuda interna y externa, en un intento por estabilizar la economía del país. El recorte de los subsidios al combustible Extra representa un hito en la política económica ecuatoriana, que durante décadas ha dependido de estas subvenciones para mantener el equilibrio en los precios y la estabilidad social. Sin embargo, la resistencia social y las críticas hacia el Gobierno de Noboa ponen de manifiesto los desafíos y tensiones que enfrenta el país en su camino hacia una economía más sostenible y equitativa. El futuro de Ecuador dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para gestionar estos cambios de manera efectiva, garantizando que el impacto de las medidas no recaiga de forma desproporcionada en los sectores más vulnerables de la sociedad.