América Latina y el Caribe ante desafío crucial de reducir emisiones

América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada crucial en lo que respecta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Según el reciente Reporte de Economía y Desarrollo presentado por el Banco de Desarrollo de la región, se destaca que esta zona geográfica contribuye con el 11% de las emisiones totales a nivel mundial, mientras que los países desarrollados aportan un alarmante 45%. En un desglose detallado, se revela que el sector agropecuario, la silvicultura y otros usos de la tierra representaron en el 2019 el 65% de las emisiones generadas en América Latina y el Caribe, mientras que el resto provino del consumo de energía fósil. A nivel global, el consumo de energía fósil se erige como el principal emisor con un preocupante 80%. En medio de este panorama, la región se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 10,8% para el año 2030 con respecto a los niveles de 2020. En este sentido, expertos como Fernando Álvarez, economista senior de la Dirección de Investigación Socioeconómica de la CAF, resaltan la necesidad de emprender una "nueva transición energética" que se ajuste a la realidad regional, considerando factores como el crecimiento económico, las tasas de pobreza y la brecha energética. Una de las opciones que se plantea en el reporte es el uso del gas natural como combustible, a pesar de ser fósil, dado que emite menos gases de efecto invernadero que el petróleo y el carbón. Según estimaciones del Banco de Desarrollo, la región podría reducir sus emisiones en un 6,5% si se sustituye el 50% del uso de carbón y petróleo por gas natural, cumpliendo así con parte de sus compromisos para 2030. Esta perspectiva también aboga por un desacople entre el crecimiento económico y las emisiones, buscando reducir estas últimas mientras se impulsa el producto bruto interno de manera sostenible. Asimismo, se plantea el aumento de la electrificación y la participación de energías renovables no convencionales como medidas clave en esta transición. Actualmente, el 57% de la generación eléctrica en la región proviene de fuentes renovables, siendo un 11% de estas no convencionales. Además, el 80% de las energías no combustibles se generan a partir de recursos hídricos, lo que evidencia un potencial significativo en este ámbito. Otras alternativas que se proponen incluyen mejorar la eficiencia y funcionamiento de los sistemas energéticos, reducir las pérdidas en la producción y distribución de energía, y considerar tecnologías de almacenamiento para garantizar la continuidad del suministro de energías renovables no convencionales. A pesar de estos avances, se plantea la posibilidad de que a largo plazo se requiera mantener cierta capacidad de generación eléctrica basada en combustibles fósiles, lo que podría llevar a la implementación de tecnologías de captura de carbono para mitigar las emisiones. En el horizonte, se visualiza la necesidad de políticas transversales que abarquen desde el financiamiento verde hasta el impulso de la economía circular, pasando por la implementación de impuestos al carbono y el fomento de tecnologías de captura y uso de carbono. En este sentido, el Banco de Desarrollo CAF se ha propuesto destinar el 40% de su cartera de proyectos a iniciativas verdes para el año 2026, en un esfuerzo por contribuir a una transición energética justa y sostenible en América Latina y el Caribe.