Desafíos financieros y estructurales marcan el rumbo de México ante nueva administración

Durante el fervor de la reciente temporada electoral en México, las manos de la administración federal entrante se encuentran atadas a unas finanzas públicas más endebles de lo que en campaña se quiso reconocer. Con la fiebre electoral en el espejo retrovisor y la resaca política de salida, diversos temas cruciales que pasaron desapercibidos en medio de la vorágine de propaganda, debates y votaciones empiezan a cobrar relevancia y a proyectar un impacto significativo en el futuro inmediato del país. Una de las principales preocupaciones recae en el déficit presupuestario del país, el cual se encuentra en niveles históricamente elevados. Durante el primer trimestre del año en curso, el déficit ascendió a 452,371 millones de pesos, marcando un drástico aumento comparado con los 158,343 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según información de la Secretaría de Hacienda. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de abordar medidas para equilibrar las finanzas públicas y evitar un deterioro mayor en la economía nacional. Por otro lado, la deuda total del país, medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se estima que supere nuevamente el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando uno de los niveles más altos de la historia. Esta carga financiera limita la capacidad de maniobra del gobierno entrante y plantea desafíos significativos en la implementación de sus planes de gobierno, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre económica a nivel global. La presidenta electa de México y su equipo económico se enfrentan a la compleja tarea de gestionar una situación fiscal delicada, que podría restringir la ejecución de políticas públicas y proyectos de inversión clave para el desarrollo del país. La inversión necesaria en infraestructura para aprovechar el nearshoring, valuada en 400,000 millones de dólares hacia 2032 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ve amenazada por la precaria situación financiera y la necesidad de priorizar el control del déficit. Además, la fragilidad del sistema energético mexicano y su dependencia de fuentes no renovables como el gas natural se han vuelto motivo de preocupación, especialmente ante la creciente demanda eléctrica y los desafíos derivados del cambio climático. Los recientes episodios de apagones y la evidente falta de capacidad para garantizar un suministro energético estable ponen de manifiesto la urgencia de invertir en infraestructura y tecnologías sostenibles para asegurar la seguridad energética a largo plazo. En el ámbito de la inflación, a pesar de los esfuerzos del Banco de México por mantenerla dentro de su rango objetivo del 3%, los índices siguen superando las expectativas, ubicándose en 4.65% en abril. Este incremento, impulsado principalmente por el alza en los precios de productos agropecuarios, impacta de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la población, agravando las condiciones de vida de quienes ya enfrentan dificultades económicas. Otro tema crucial que emerge en medio del panorama postelectoral es la creciente crisis de extorsión que azota al país, con tasas alarmantes de aumento tanto a nivel nacional como en entidades específicas como la capital. La incapacidad de las autoridades para contener este fenómeno y proteger a los ciudadanos y empresarios de sus repercusiones económicas y sociales representa un desafío urgente que demanda acciones concretas y eficaces. En este contexto de incertidumbre y desafíos económicos, es fundamental que la nueva administración asuma con responsabilidad y audacia la tarea de abordar los problemas estructurales que amenazan la estabilidad y el desarrollo de México. Más allá de los discursos y promesas de campaña, la realidad económica y social del país exige respuestas concretas, políticas sólidas y un compromiso genuino con el bienestar de la población. Ante la complejidad de los retos que se avecinan, la capacidad de liderazgo, la visión estratégica y la voluntad política serán fundamentales para guiar a México por la senda del progreso y la prosperidad compartida.