Gobierno peruano busca red de expertos para formalizar minería

En medio de un escenario marcado por la minería ilegal que posiciona a Perú como el principal exportador de oro ilegal en la región, el Gobierno busca implementar una red de "expertos" como propuesta para la formalización minera en el país. Esta estrategia, liderada por el alto comisionado para la formalización de la minería, Antonio García, busca enfrentar la minería ilegal y acelerar el proceso de formalización, en un desafío que reconoce como gigante. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal en Perú es una actividad ilícita que mueve un volumen de dinero significativamente alto, superando incluso a otras actividades ilícitas como el lavado de activos. Ante este panorama preocupante, García ha señalado la importancia de buscar apoyo internacional para combatir este flagelo. En este sentido, Estados Unidos ha manifestado su interés en colaborar con Perú en la lucha contra la minería ilegal, sumándose a otros países que podrían aportar desde su experiencia y conocimiento en la materia. La propuesta de crear un comité similar al Consejo Fiscal, pero enfocado en la formalización minera y el combate a la minería ilegal, con el respaldo de expertos internacionales, busca establecer un enfoque integral que permita identificar buenas prácticas de otros países y adaptarlas a la realidad peruana. Esta red de expertos se convertiría en un espacio de intercambio de conocimientos y estrategias para abordar eficazmente este problema que afecta no solo al sector minero, sino también al medio ambiente y a la sociedad en su conjunto. En medio de la discusión sobre los máximos históricos de precios del cobre y el oro, que podrían incentivar la expansión de la minería informal e ilegal, García destaca la importancia de aprovechar estas oportunidades de manera adecuada, enfatizando la necesidad de fortalecer la formalización, erradicar la minería ilegal y garantizar la recuperación del medio ambiente. En este sentido, se plantea la bancarización como una herramienta clave para mejorar la trazabilidad de los minerales y combatir el comercio ilegal. El ex ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, coincide en que los altos precios de los metales son favorables para el país, pero también señala la importancia de mejorar el manejo político y la lucha contra la minería ilegal para fortalecer la confianza de los inversionistas extranjeros. En este sentido, la colaboración internacional y la evaluación de especialistas en minería podrían aportar un enfoque técnico y objetivo para identificar las áreas de mejora y fortalecer las políticas de formalización. La necesidad de revisar el marco legal para tipificar de manera contundente la minería ilegal como un delito grave, equiparable al narcotráfico, es una de las propuestas clave para fortalecer las acciones policiales y judiciales contra esta actividad criminal. Asimismo, la propuesta de que el Ministerio de Energía y Minas asuma temporalmente la dirección de la formalización minera en lugar de los gobiernos regionales, con un sistema unificado y eficiente, busca agilizar y fortalecer el proceso de formalización en el país. En este contexto, la necesidad de generar resultados concretos y efectivos en la formalización minera se convierte en un desafío urgente, considerando que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha mostrado limitaciones y dificultades en su aplicación. La colaboración con el sector privado, la asistencia técnica a nivel regional y el fortalecimiento de la capacidad presupuestal de los gobiernos regionales son aspectos clave que deben ser considerados para lograr avances significativos en la formalización minera y el combate a la minería ilegal en el país. En conclusión, la propuesta de establecer una red de expertos internacionales y fortalecer la colaboración internacional para abordar la problemática de la minería ilegal en Perú representa un paso importante en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles. El desafío de formalizar este sector, combatir la minería ilegal y garantizar el desarrollo sostenible de la industria minera en el país requiere de un enfoque integral, coordinado y con el compromiso de todos los actores involucrados para lograr resultados concretos y beneficios a largo plazo para la sociedad peruana.