Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La importación ilegal de combustibles, conocida también como "huachicol fiscal", se ha convertido en un desafío creciente para la industria de la venta y distribución de gasolinas en México. Este fenómeno, que consiste en ingresar los combustibles al país bajo otra fracción arancelaria para evadir impuestos, ha generado una competencia desleal que afecta a los empresarios legalmente establecidos en el mercado. Durante el convulso año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus y una agitación en el mercado energético, los precios internacionales de la gasolina y el diésel alcanzaron niveles mínimos. Este escenario propició la aparición de un mercado paralelo donde se ofrecían precios considerablemente más bajos que los del mercado formal, lo cual captó una parte significativa de la demanda de combustibles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta que en 2021 se ingresaron ilegalmente al país alrededor de 66.7 millones de barriles de combustibles, lo que representa aproximadamente el 14% de la demanda total de gasolina y diésel. Esta práctica ha causado pérdidas millonarias para el gobierno, estimadas en 58,000 millones de pesos en concepto de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La estrategia utilizada por los grupos que se dedican al huachicol fiscal ha sido importar los combustibles bajo la apariencia de aceites automotrices, lubricantes o alcoholes, eludiendo así el pago de aranceles y ofreciendo precios más atractivos a los comercializadores y operadores de estaciones de servicio. Esta actividad ilegal ha crecido en los últimos años, llegando a representar alrededor del 21% del total de combustibles consumidos en el país en 2021. La correlación entre la aplicación de subsidios a los combustibles por parte del gobierno y el aumento o disminución de las importaciones ilegales es evidente. Cuando se aplican estímulos que reducen los impuestos, la importación ilegal disminuye, pero cuando los gravámenes se incrementan, la actividad ilegal se ve impulsada. La reciente invasión rusa a Ucrania provocó un aumento en el precio de los combustibles a nivel mundial, lo que llevó al gobierno mexicano a subsidiar los precios minoristas de la gasolina y el diésel. Esta medida desincentivó la importación ilegal, ya que los precios internos con los subsidios resultaban más atractivos que los del mercado de importación. Otro aspecto preocupante es el uso de lubricantes automotrices como medio para introducir ilegalmente hidrocarburos al país. Estos productos no están sujetos al pago del IEPS y son utilizados para evadir impuestos, generando una competencia desleal en el mercado de combustibles. Empresarios del sector aseguran que el precio de la gasolina o diésel adquirido en este mercado paralelo puede ser hasta 5 pesos más bajo que el precio legal. En este contexto, es fundamental que las autoridades refuercen las medidas de control y vigilancia en las aduanas para combatir el huachicol fiscal y proteger la legalidad y competitividad de la industria de los combustibles en México. La transparencia y la aplicación eficaz de la ley son clave para erradicar esta práctica ilegal que pone en jaque a todo un sector económico vital para el país.