Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
El Congreso de la República ha vuelto a tomar una decisión que ha generado polémica y descontento en diversos sectores de la sociedad. En esta ocasión, la Comisión de Economía aprobó un nuevo retiro de fondos de las AFP por hasta cuatro UIT (S/20.600), sumando así el séptimo retiro desde el año 2020. Esta medida, que forma parte de un predictamen más amplio que incluía una reforma integral del sistema de pensiones, ha dejado en evidencia la falta de voluntad política para abordar las reformas estructurales necesarias en el país. La aprobación de este nuevo retiro ha sido duramente criticada por diversas instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, así como por especialistas en la materia. Uno de los argumentos esgrimidos es que, a diferencia de los primeros retiros que se autorizaron en el contexto de la pandemia, esta vez se ha justificado bajo el pretexto de la recesión económica, una excusa que muchos consideran insostenible. Además, la decisión de permitir que cualquier persona con fondos en su AFP pueda acceder a este nuevo retiro, sin importar su condición laboral, ha levantado sospechas sobre los verdaderos beneficiarios de esta medida. Según cifras citadas, el 41% del monto que podría retirarse se concentraría en la población de mayores ingresos y el 65% correspondería a afiliados que se encuentran trabajando, lo que pone en duda la supuesta intención de aliviar la situación económica de quienes más lo necesitan. Lo más preocupante de todo esto es que, una vez más, se ha priorizado una medida de corto plazo y popular en lugar de abordar el problema de fondo que representa el sistema de pensiones en el país. Durante años, los congresistas han optado por discutir nuevos retiros de fondos en lugar de dedicarse a debatir y proponer una verdadera reforma que garantice una pensión digna para todos los afiliados, en un país mayormente informal y con un sistema previsional que presenta importantes deficiencias. Es urgente que las autoridades gubernamentales y los legisladores reenfoquen sus esfuerzos en la reforma del sistema de pensiones antes de que sea demasiado tarde y el sistema privado de pensiones se vea aún más debilitado por estas decisiones populistas y de corto plazo. La necesidad de una reforma integral y sostenible es impostergable, y es responsabilidad de nuestros representantes políticos tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos en su etapa de retiro.