Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
La Contraloría General de la República ha revelado información alarmante sobre transacciones irregulares en contrataciones públicas por un monto superior a los S/ 16 mil millones. Durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2023, se detectaron serias irregularidades en contratos realizados por el gobierno nacional, regional y local, poniendo en evidencia un problema grave en la gestión de los recursos públicos. El contralor Nelson Shack expuso ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, detallando que de más de 6,600 informes de control ejecutados se identificaron 13,000 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa en estas transacciones cuestionadas. Es preocupante notar que, según las cifras presentadas, en el año 2023 solo una fracción del gasto estatal en contrataciones cumple con la Ley de Contrataciones, con S/ 19 mil 304 millones fuera de norma y únicamente S/ 27 mil 004 millones gastados de acuerdo a la ley. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en el país. Uno de los datos más impactantes revelados por la Contraloría es que, en promedio, solo un proveedor participa en los procesos de selección de obras, servicios y consultorías, mientras que en la adquisición de bienes únicamente dos proveedores intervienen. Esta concentración de participantes en los procesos de licitación sugiere posibles prácticas fraudulentas que deben ser investigadas a fondo. Ante esta situación, Shack hizo un llamado a revisar la actual Ley de Contrataciones y considerar la implementación de nuevas estrategias para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. Es fundamental que se tomen medidas concretas para prevenir y sancionar las irregularidades detectadas, así como para fortalecer los mecanismos de supervisión en el ámbito de las contrataciones públicas. La revelación de estas transacciones irregulares por parte de la Contraloría genera preocupación en la sociedad y destaca la urgencia de abordar de manera prioritaria la corrupción en las contrataciones públicas en el país. Es necesario que las autoridades competentes actúen con determinación para garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, en beneficio de todos los ciudadanos.