El gobierno de Vizcarra bajo sospecha: acusan favorecimiento a empresas chinas

El gobierno de Martín Vizcarra se encuentra en el ojo del huracán luego de que un colaborador eficaz revelara información sobre presuntas modificaciones en la Ley de Contrataciones del Estado que habrían favorecido a empresas chinas durante su gestión. El colaborador eficaz, identificado como 08-2023 en el marco del Caso Los Intocables de la Corrupción, detalló ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) que se habría cambiado el reglamento de la Ley 30225 para beneficiar a constructoras chinas en convocatorias de obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sector al que estaba adscrito Provías Descentralizado (PVD). Según el testimonio del colaborador, en el gobierno de Vizcarra se habría modificado el reglamento para que solo un grupo selecto de empresas pudiera obtener una carta de solvencia económica de un banco, requisito necesario para aceptar la propuesta de un postor. Esta situación habría favorecido a las empresas chinas, dejando a las firmas locales fuera de competencia. El exgerente de Obras de PVD, Alcides Villafuerte, quien se acogió a la colaboración eficaz, habría mencionado que el cambio en la ley se produjo a solicitud de las empresas chinas, con el fin de excluir a las compañías nacionales de las licitaciones. Como consecuencia de esta presunta modificación, se habría observado un aumento en la cantidad de obras otorgadas a empresas chinas o sus consorciadas en PVD. Un ejemplo de esto sería el proyecto de Samegua, adjudicado en el 2020 al Consorcio Vial Samegua, que contaba con la participación de una sucursal en el Perú de la constructora china Gezhouba. El colaborador eficaz también señaló que se habría buscado direccionar las obras para favorecer a las empresas chinas y nacionales que estuvieran dispuestas a pagar un porcentaje de sobornos. Estas revelaciones han generado controversia y han puesto en entredicho la transparencia en los procesos de contratación durante la gestión de Vizcarra. Ante estas acusaciones, el expresidente Vizcarra ha negado tener conocimiento de la modificación en la ley mencionada. Sin embargo, cabe resaltar que él firmó el decreto en cuestión. Por su parte, el exministro de Economía Carlos Oliva, quien también estampó su firma en el documento, ha negado cualquier intención de favorecer a un grupo específico de empresas. La información proporcionada por el colaborador eficaz se alinea con las conclusiones de la comisión del Congreso que investiga las licitaciones ganadas por empresas chinas en los gobiernos de Vizcarra y Pedro Castillo. Esta comisión ha señalado que Vizcarra promovió leyes que beneficiaron a las constructoras chinas en los procesos de selección. En medio de estas acusaciones, se ha puesto en relieve la entrada en funcionamiento del Banco de China en el Perú, avalada por un decreto que facilitó la habilitación de bancos chinos en el país. Esta situación ha despertado suspicacias sobre posibles conflictos de interés y favorecimiento a empresas extranjeras. Mientras tanto, las constructoras nacionales han manifestado su preocupación por competir en desventaja frente a las empresas chinas, que contarían con respaldo estatal y facilidades para participar en licitaciones públicas. Este escándalo de corrupción ha generado un fuerte debate en la opinión pública sobre la transparencia y la equidad en los procesos de contratación del Estado. Las autoridades competentes deberán investigar a fondo estas acusaciones para esclarecer la verdad y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.