Brody alerta sobre la dictadura encubierta en Nicaragua tras reformas de Ortega

Reed Brody, conocido como 'el Cazadictadores', ha lanzado una seria advertencia sobre la situación política en Nicaragua tras las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una entrevista reciente con France 24, Brody compara la nueva Constitución con un "decreto monárquico", señalando que estas reformas consolidan un régimen de poder absoluto que ha transformado al país en un Estado sin instituciones independientes, donde la represión y el control se han intensificado de forma alarmante. Desde la creación del Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN) en marzo de 2022, estas preocupaciones han sido reiteradas. El grupo ha documentado cómo el gobierno sandinista ha establecido una "maquinaria unificada de represión" que no solo afecta a los nicaragüenses dentro de sus fronteras, sino que también impacta a la diáspora. Brody enfatiza que el proceso de concentración de poder ha llevado a que los tres poderes del Estado se conviertan en meras extensiones de la voluntad presidencial, afirmando que esta situación es el "golpe de gracia" al Estado de derecho en Nicaragua. El abogado neoyorquino, con una vasta experiencia en la defensa de los derechos humanos, no se detuvo ahí. A lo largo de su carrera, ha estado involucrado en la persecución de dictadores y ha trabajado incansablemente en la defensa de las víctimas en conflictos de todo el mundo. No obstante, sus declaraciones sobre Nicaragua son especialmente preocupantes, resaltando cómo Ortega y Murillo, al haber sido opositores en su juventud, han dado paso a un nuevo tipo de dictadura, ahora en un contexto familiar que legitima su permanencia en el poder. Brody cuenta cómo la nueva Constitución permite que Ortega y Murillo controlen todos los aspectos del gobierno, incluso la posibilidad de que sus hijos ocupen posiciones de poder. Esta estructura, según él, parece un intento deliberado de asegurar una sucesión familiar en el poder, lo que refuerza la idea de que el país se ha convertido en una dictadura encubierta. En este contexto, el Estado y el Frente Sandinista se han fusionado, generando un clima de vigilancia donde los ciudadanos viven bajo un constante control por parte de las autoridades. La situación se ha vuelto aún más complicada por la represión sistemática a la oposición y la persecución de los disidentes, que han llevado a miles de nicaragüenses al exilio. Brody ha argumentado que las protestas de 2018, que estallaron a raíz de reformas impopulares en materias de seguridad social, fueron respuesta legítima a un gobierno que ha mostrado un intolerante uso de la fuerza. La represión que siguió dejó un saldo trágico de más de 300 muertos y un exilio forzado de más de medio millón de ciudadanos. El informe del GHREN también destaca la expulsión de nacionales y la privación de nacionalidad como medidas drásticas que ha implementado el régimen. Brody menciona casos donde personas han visto sus derechos violados de manera flagrante, siendo despojados de su nacionalidad y bienes sin ningún tipo de proceso legal. Este tipo de violaciones a los derechos humanos son alarmantes y presentan a Nicaragua como un caso único en el mundo, donde la privación de nacionalidad se utiliza como herramienta de control político. La fusión del Estado con el Frente Sandinista ha llevado a que la ideología partidaria se convierta en sinónimo de la identidad nacional. Brody señala que la presencia de secretarios políticos en cada rincón del aparato estatal refuerza la idea de un país donde el disenso es inaceptable, creando un clima de temor que silencia a la oposición. En este contexto de vigilancia, quienes se atreven a cuestionar al régimen enfrentan graves consecuencias. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Nicaragua, con organismos como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciando repetidamente las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el régimen de Ortega parece decidido a mantener su control a toda costa, utilizando propaganda que justifica sus acciones como respuestas a un supuesto golpe de Estado orquestado por la oposición y la Iglesia. Brody contradice estas afirmaciones, argumentando que no hay evidencia que sostenga la narrativa del gobierno, y que las protestas eran manifestaciones pacíficas de un pueblo cansado de la opresión. Con cada reforma, la situación política en Nicaragua se complicaba más, y la percepción de un futuro democrático se desvanecía. Brody concluye que el mundo debe prestar atención a lo que está ocurriendo en Nicaragua, instando a los países a llevar al país ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. La lucha por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua está lejos de ser un asunto interno; es una llamada de atención para la comunidad internacional que no puede ignorar esta crisis.