Debate en Perú por posible nombramiento de exministro Demartini como embajador en el Vaticano

La posible designación de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, como embajador del Perú ante la Santa Sede ha generado un amplio debate en el país, especialmente en el contexto de la investigación fiscal que enfrenta por su supuesta implicación en la red de corrupción del programa Qali Warma. El canciller Elmer Schialer, tras su reciente regreso de Estados Unidos, ha indicado que no existe un impedimento legal para este nombramiento, lo que ha desatado reacciones tanto de apoyo como de oposición entre diferentes sectores políticos y la ciudadanía. Schialer ha argumentado que el nombramiento de agentes diplomáticos es una potestad exclusiva de la presidenta de la República, y ha minimizado las investigaciones que pesan sobre Demartini. En sus declaraciones, el canciller enfatizó la importancia de que la representación del Perú en el extranjero sea "impecable", sugiriendo que la situación legal del exministro no debería interferir con su potencial designación en el Vaticano. Por su parte, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, también ha expresado su apoyo a la posible designación de Demartini, manifestando que no vería con malos ojos su nombramiento y que la decisión finalmente recae en la presidenta Dina Boluarte. Esta visión ha sido respaldada por algunos sectores, que consideran que la capacidad profesional de Demartini debería prevalecer sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, la oposición a su nombramiento es contundente. El excanciller Luis Gonzales Posada ha calificado un posible nombramiento como un "error", considerando que Demartini es una figura que ya arrastra cuestionamientos serios por su gestión en el caso de Qali Warma, un programa que se ha visto envuelto en una serie de escándalos relacionados con la compra de alimentos en mal estado para niños de sectores vulnerables. Para Posada, el nombramiento en el Vaticano podría ser interpretado como una provocación en un ambiente político ya convulso. La crítica hacia la posible designación se extiende a las implicaciones prácticas que traería consigo. La abogada penalista Romy Chang ha señalado que la Fiscalía de la Nación posee fundamentos suficientes para solicitar un impedimento de salida del país para Demartini. Argumenta que, al aceptar el cargo en el extranjero, podría eludir la justicia, lo cual complicaría la investigación en curso sobre su conducta durante su mandato. A lo largo de este debate, han surgido preocupaciones éticas y morales en torno al nombramiento de un funcionario investigado por corrupción. La abogada Liliana Calderón ha advertido que enviar a Demartini a un cargo diplomático podría ser visto como una falta de transparencia. Subraya que la designación no solo podría dañar la imagen del gobierno, sino que también podría dificultar la labor del Ministerio Público al buscar esclarecer las irregularidades en el programa Qali Warma. El contexto de la posible designación se ve aún más complicado por el hecho de que la embajada en el Vaticano es considerada una "plaza muy sensible". Los críticos advierten que nombrar a Demartini en este puesto podría dar lugar a especulaciones y desconfianza en un entorno político ya frágil. La sensación general entre los detractores es que esta decisión podría interpretarse como un intento de proteger a un funcionario bajo investigación, lo que podría acentuar la percepción de impunidad en el gobierno. Por otro lado, aquellos que apoyan la candidatura de Demartini sostienen que el exministro ha demostrado competencias en su carrera política y que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que se compruebe lo contrario. Argumentan que el proceso legal no debe ser un obstáculo para el ejercicio de funciones diplomáticas, aunque este punto de vista no ha logrado despejar las inquietudes de quienes consideran que el nombramiento sería inapropiado en las circunstancias actuales. El momento que enfrenta la administración de Dina Boluarte es crucial. La decisión de nombrar a Demartini como embajador del Perú en el Vaticano podría ser vista como una declaración de intenciones sobre la postura del gobierno ante la corrupción y la responsabilidad política. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre el futuro del exministro en el marco de una investigación en curso plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el Ejecutivo en el manejo de crisis y escándalos. En suma, la posibilidad de que Julio Demartini ocupe un puesto relevante en la diplomacia peruana continúa generando tensiones y debates apasionados en el país. La decisión final recae en la presidenta Boluarte y su entorno cercano, pero el eco de las reacciones y el contexto en el que se inscribe esta situación no pueden ser ignorados. La ciudadanía observa atentamente, consciente de que cada movimiento en este tablero político podría tener repercusiones significativas en la percepción de la gobernanza y la lucha contra la corrupción en el Perú.