Aprobación del financiamiento empresarial a partidos genera controversia en Perú

La reciente aprobación, por parte de la Comisión Permanente, de un texto que restituye el financiamiento de empresas a partidos políticos ha generado un amplio debate en la sociedad peruana. Esta decisión, que se concretó en una segunda votación, fue respaldada por 14 legisladores, mientras que 8 votaron en contra y se registraron 2 abstenciones. Ahora, el texto será enviado al Gobierno, donde se espera que se promulgue o que, en su defecto, se planteen observaciones que podrían devolverlo al Parlamento. La controversia comenzó con la intervención de la congresista Ruth Luque, quien cuestionó la legalidad de la aprobación, señalando que contradice una determinación del Tribunal Constitucional que establece que las reformas a la ley de organizaciones políticas deben ser tratadas como materia de ley orgánica. Según Luque, esta decisión representa un "atropello a la Constitución" y la posibilidad de que el financiamiento público termine siendo utilizado para la defensa legal de políticos investigados o procesados. A pesar de las críticas, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió la medida. En su intervención, argumentó que la inclusión de financiamiento privado no solo garantizará el pluralismo y la competencia democrática, sino que también permitirá a las organizaciones políticas acceder a recursos que no podrían obtener únicamente con financiamiento público. Rospigliosi enfatizó que este cambio fomenta una mayor participación de la sociedad civil y del sector privado en la vida política, creando un vínculo más fuerte entre los actores sociales y los proyectos partidarios. Uno de los puntos más polémicos del nuevo texto es la inclusión de un mecanismo de devolución de fondos. Se establece que si un partido político o sus representantes reciben una sentencia firme o ejecutoriada, deberán devolver el dinero que se haya utilizado para su asesoría legal. Esta medida busca mitigar el riesgo de que se utilicen recursos públicos para la defensa de personas involucradas en actos ilícitos, aunque ha generado críticas sobre su efectividad. Además, el nuevo marco normativo permite a los partidos recibir aportes privados de personas naturales y jurídicas nacionales, con un límite de hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por año, lo que equivale a aproximadamente S/1'030,000. Esto representa un aumento considerable respecto al tope anterior de 120 UIT. La medida ha sido recibida con cierta aprobación por sectores empresariales, quienes consideran que un mayor financiamiento puede traducirse en una oferta política más diversa y robusta. No obstante, la inclusión de la confidencialidad en los aportes bancarizados ha suscitado inquietud entre algunos sectores. La norma establece que el nombre de los aportantes no será revelado, lo que podría abrir la puerta a la opacidad y a posibles conflictos de interés. Los críticos argumentan que esta falta de transparencia podría permitir que intereses particulares influyan en la agenda política sin ser detectados. La discusión sobre el rol del financiamiento empresarial en la política no es nueva en Perú. Históricamente, ha habido un tira y afloja entre la necesidad de recursos para las campañas y la búsqueda de transparencia y ética en el financiamiento político. A medida que se aproxima el ciclo electoral de 2026, la implementación de esta norma será objeto de escrutinio público y podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se financian las organizaciones políticas. La respuesta de la ciudadanía ante esta norma será crucial. Mientras algunos sectores ven con buenos ojos el retorno del financiamiento privado como un medio para potenciar la democracia, otros temen que esta medida favorezca a aquellos partidos que ya cuentan con vínculos sólidos en el sector empresarial, dejando en desventaja a las agrupaciones más pequeñas y con menos recursos. En definitiva, el debate sobre el financiamiento de partidos políticos en Perú ha tomado una nueva dirección, y la sociedad civil, los partidos y los actores económicos deberán estar atentos a los efectos que esta legislación puede tener en el panorama político del país. La búsqueda de un equilibrio entre el financiamiento adecuado y la transparencia seguirá siendo un desafío central en los meses venideros.