El gobierno bonaerense garantiza tratamientos de VIH ante crisis nacional de salud

El reciente anuncio del gobierno bonaerense de cubrir los tratamientos de VIH y los análisis necesarios para su monitoreo ha generado un rayo de esperanza en una comunidad que enfrenta cada vez más dificultades en el acceso a la atención médica. A partir de esta decisión, que beneficiará a 36 mil personas, el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Nicolás Kreplak, busca hacer frente a las consecuencias de los recortes de reactivos realizados por el Estado nacional en septiembre de 2024. Estos estudios son esenciales para evaluar el avance o retroceso del virus, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener la continuidad en la atención a quienes viven con VIH. La interrupción de la distribución de reactivos para testeos de VIH y hepatitis por parte del Ministerio de Salud de la Nación fue recibida con preocupación por parte de especialistas y organizaciones que trabajan en la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Las pruebas de carga viral, citometría y resistencia al virus son fundamentales para ajustar los tratamientos antirretrovirales y garantizar su efectividad. Sin embargo, la crisis estructural en la que se encuentra el sistema de salud deja a las provincias con recursos limitados y sin la capacidad de sostener funciones que deberían ser responsabilidad del Estado nacional. A pesar de las limitaciones, el gobierno provincial ha decidido levantar la restricción impuesta a nivel nacional, asegurando la provisión de insumos y reactivos necesarios. Se han especificado procedimientos para que las solicitudes de estudios sean enviadas a los laboratorios de referencia, y se ha indicado que aquellos pacientes con cobertura de obra social deberán realizar sus análisis en el subsector privado. Esta respuesta es vista como un paliativo, ya que no resuelve el problema de fondo, que es la falta de políticas sanitarias sostenibles a nivel nacional. Desde diferentes organizaciones no gubernamentales se ha denunciado el abandono de las políticas preventivas en salud, lo que ha tenido un impacto directo en la disponibilidad de recursos para la distribución de preservativos y otros insumos esenciales para la prevención de VIH y hepatitis. Este desmantelamiento de programas ha dejado a la población vulnerable desprotegida y ha incrementado el riesgo de propagación de estas infecciones, así como de otras enfermedades de transmisión sexual. El cierre de áreas clave dentro del Ministerio de Salud de la Nación, como las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis Virales, ha desencadenado una ola de rechazo entre los profesionales de la salud y las organizaciones sociales. La eliminación de estas estructuras pone en riesgo los avances logrados en la última década en el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Especialistas advierten que sin una coordinación nacional efectiva, Argentina corre el riesgo de retroceder en su lucha contra las infecciones, dejando a miles de pacientes sin acceso a tratamientos adecuados. María Eugenia de Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, subraya que la falta de reactivos y campañas de comunicación sobre hepatitis virales ha llevado a un aumento en las consultas, reflejando la creciente preocupación de la población por su salud. La detección temprana es clave para frenar la propagación de hepatitis, pero durante el año 2024 se realizaron pocas campañas de prevención, evidenciando la falta de respuesta del Estado ante esta problemática. El impacto de estos recortes también se siente en la tuberculosis, enfermedad que se ha visto agravada por las condiciones de pobreza y la falta de acceso a servicios de salud. Los datos revelan un incremento en los casos de tuberculosis en el país, y los actores de la salud advierten que esta situación podría empeorar si no se toman medidas adecuadas para garantizar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Frente a este panorama, las organizaciones sociales se preparan para asumir un rol protagónico en la lucha por el acceso a la salud. Sin embargo, como advierte De Feo, es prácticamente imposible suplir la labor que debería realizar el Estado. La capacidad de las organizaciones civiles es limitada y no pueden reemplazar el trabajo programático que se requiere para abordar de manera integral las problemáticas de salud pública. La experiencia de otros países de la región, como Brasil, demuestra que la inversión en prevención y atención puede tener un impacto significativo en la reducción de enfermedades transmisibles. El caso del programa Bolsa Familia muestra que un enfoque integral en la salud pública puede transformar la realidad de miles de personas, algo que debería ser un faro para las políticas sanitarias en Argentina. Con la llegada del nuevo año, la expectativa está centrada en cómo responderá el gobierno nacional ante la creciente presión por mejorar las políticas de salud y garantizar el acceso a tratamientos y diagnósticos. La comunidad espera que se reanuden las coordinaciones eliminadas y que se establezcan programas claros y sostenibles que protejan los derechos a la salud y la vida de los más vulnerables. La salud pública no puede retroceder; la respuesta es necesaria y urgente.