Crisis política y económica en México: un país al borde de la autoritarismo

La situación política y financiera en México atraviesa un momento crítico, en el que las estructuras del poder parecen no solo desdibujarse, sino también perder su esencia. La división de poderes, un principio fundamental en cualquier democracia, ha sido reducido a una mera simulación bajo la administración de Morena, lo que ha generado preocupaciones sobre la protección de los derechos ciudadanos en un contexto cada vez más autoritario. La crisis política que vive el país es palpable, con un gobierno que ha cultivado liderazgos débiles en la oposición, llevando a los partidos a un estado de debilidad casi terminal. En este entorno, la incapacidad del Partido Acción Nacional (PAN) para presentar una oposición sólida es emblemática de un fenómeno más amplio. Aquellos que alguna vez fueron líderes de la clase media ahora se ven eclipsados por figuras carentes de trayectoria y con escasa habilidad para generar consenso. El resultado es un partido que, lejos de ser un contrapeso, se ha convertido en un mero espectador de la política, limitándose a una participación casi testimonial que no logra influir en el rumbo del país. Por otro lado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha llegado a un punto en el que su relevancia es casi inexistente. Su último acto significativo fue una desesperada solicitud a senadores para que se unieran a la mayoría en el poder, lo que refleja una falta de estrategia y de voluntad para posicionarse como una alternativa viable. Esta dinámica revela la incapacidad de estas instituciones para resistir el embate del poder centralizado, que ha ido erosionando la diversidad política en el país. La pregunta que surge es si realmente hay un espacio de deliberación en el Congreso, o si este se ha convertido en un mero apéndice de la voluntad presidencial. La respuesta parece ser clara: los órganos legislativos han perdido su carácter plural y deliberante, convirtiéndose en una instancia donde se tramitan decisiones ya tomadas en otros niveles. Lo que se discute en las cámaras es más un espectáculo que un verdadero ejercicio de democracia, lo que pone en entredicho la utilidad de estas instituciones en su forma actual. La preocupación va más allá de un parlamento ineficaz; se trata de la erosión de las bases mismas del sistema político mexicano. La concentración de poderes en el Ejecutivo ha llegado a tal punto que se puede hablar de una "omnipotencia presidencial" que amenaza no solo a la oposición, sino a la misma esencia de la democracia. La historia nos recuerda que los avances democráticos logrados en el último siglo están siendo sistemáticamente demolidos, y el país retrocede hacia estructuras más autoritarias. A medida que la administración actual ha ido restringiendo los espacios de participación política y ha centralizado el poder, las instituciones que alguna vez fueron baluartes de la democracia se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El papel de las entidades electorales, que deberían ser garantes de procesos justos y equitativos, ha quedado en entredicho ante la inequitativa naturaleza de las contiendas políticas recientes. Este fenómeno no solo deslegitima al gobierno, sino que también crea un ambiente en el que la democracia mexicana se ve amenazada. La situación económica no es menos preocupante. La dependencia del país de financiamientos externos y remesas ha puesto de manifiesto una fragilidad estructural que no se puede ignorar. A medida que el gobierno ha optado por políticas asistencialistas que desvían recursos sin resultados tangibles, la capacidad del Estado para sostenerse por sí mismo está en riesgo. Este modelo no solo es insostenible, sino que también perpetúa un ciclo de dependencia económica que limita el desarrollo a largo plazo. En este contexto, la soberanía estatal se convierte en un concepto vacío. México, que alguna vez se proyectó como un país en vías de desarrollo con un potencial significativo, ahora enfrenta una crisis de identidad y una pérdida de autonomía económica que debe ser abordada. La dependencia de un solo socio comercial, como es Estados Unidos, hace que el país sea vulnerable a decisiones externas que podrían afectar su estabilidad. La injerencia del gobierno en el ámbito internacional también ha sido notable. Las relaciones exteriores de un país son un reflejo de su fortaleza interna, y la actual administración ha mostrado un enfoque intervencionista que contradice el principio de no intervención. Esto no solo crea tensiones con otros países, sino que también pone en peligro la legitimidad del gobierno ante su propia población. En resumen, lo que México enfrenta en la actualidad es una amalgama de crisis que abarca lo político, lo financiero y lo social. La pérdida de la división de poderes y la erosión de la democracia son síntomas de un problema más profundo que amenaza con llevar al país hacia un destino incierto. Si no se toman medidas para restaurar la confianza en las instituciones y establecer un verdadero sistema democrático, el futuro de la nación se verá comprometido, dejando a sus ciudadanos en un estado de vulnerabilidad y desamparo frente a un poder que se ha vuelto omnipresente.