Reforma judicial en México: desafíos y riesgos para el estado de derecho

La situación actual de la justicia en México se ha convertido en un tema candente, marcada por la controversia sobre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los jueces de la Suprema Corte de Justicia enfrentan una encrucijada: renunciar a sus cargos y conservar sus pensiones, o arriesgarse a competir por su puesto en unas elecciones donde las probabilidades de conservar estos beneficios son escasas. Esta propuesta, que puede parecer una oferta legítima, es en realidad una herramienta de presión sutil que tiene el potencial de alterar de manera significativa el sistema judicial del país. La radical reforma que se está discutiendo busca no solo modificar la forma en que se eligen los jueces, sino también desmantelar estructuras que han garantizado cierta independencia judicial hasta ahora. AMLO, en sus últimos días de mandato, está decidido a dejar su huella en la política mexicana, impulsando cambios que podrían desdibujar los límites entre el poder político y el judicial. Este proyecto, que se presenta como un avance hacia una democracia más participativa, encierra riesgos importantes para la estabilidad del Estado de derecho en México. Desde la perspectiva de los inversionistas y de la ciudadanía, la inquietud es palpable. La reforma podría llevar a un aumento en la arbitrariedad y la falta de supervisión gubernamental. Si bien el sistema judicial mexicano no era perfecto, los cambios propuestos parecen abrir la puerta a un entorno aún más volátil. La reciente caída del peso frente al dólar es un claro indicador de que el clima económico se está deteriorando, lo que podría generar una mayor incertidumbre en el país. Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la reducción de los requisitos y la experiencia necesarios para convertirse en juez. Esto, junto con la imposición de plazos para resolver casos, podría traducirse en decisiones apresuradas y poco fundamentadas, dejando a la ciudadanía aún más expuesta a posibles abusos. La preocupación de que grupos de presión o incluso el crimen organizado puedan influir en la selección de jueces es un riesgo que no debe ser subestimado. La visión de AMLO, que parece rechazar cualquier forma de burocracia que pueda desafiar su autoridad, ha llevado a un desprecio hacia instituciones que han actuado como contrapesos a su poder. La Suprema Corte ha sido un bastión de resistencia ante sus iniciativas, y es comprensible que el presidente busque desmantelar este obstáculo. Sin embargo, esta búsqueda de control absoluto podría tener consecuencias desastrosas para la gobernanza en el país. El proceso de selección de nuevos jueces también plantea un desafío monumental para la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el mando en medio de esta tormenta. El hecho de tener que elegir a más de 850 nuevos jueces entre miles de candidatos podría paralizar el sistema judicial, afectando tanto a empresas como a ciudadanos corrientes. La huelga indefinida de los empleados judiciales es solo una muestra de los problemas que se avecinan. Si bien hay razones válidas para una reforma judicial, como la percepción de ineficiencia del sistema, la manera en que se está llevando a cabo carece de un enfoque constructivo y colaborativo. La confianza de los ciudadanos en el aparato legal es fundamental, y cualquier cambio que lo socave puede resultar en una mayor desconfianza y descontento social. La popularidad de la idea de elegir a los magistrados no debe cegar a los responsables de la política, quienes deben considerar las implicaciones a largo plazo de estas decisiones. Las preocupaciones sobre la reforma judicial no son solo internas; también han llamado la atención de socios comerciales y gobiernos extranjeros, especialmente los de Estados Unidos y Canadá. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 se presenta como un desafío adicional para Sheinbaum, quien tendrá que equilibrar las exigencias de sus aliados comerciales con los intereses internos. En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México ha advertido sobre los riesgos que la reforma puede implicar para el estado de la democracia en el país. La reacción del presidente ante estas críticas ha sido defensiva, acusando de intervencionismo a quienes expresan inquietudes legítimas sobre el futuro judicial de México. La situación actual plantea un dilema: ¿cómo puede un país que busca integrarse plenamente en la economía norteamericana al mismo tiempo llevar a cabo reformas que podrían erosionar su sistema judicial? En conclusión, el camino que México elige en términos de su sistema judicial tendrá profundas repercusiones en su futuro. La administración de Sheinbaum se enfrenta a un reto monumental: encontrar un equilibrio entre la reforma que muchos consideran necesaria y la protección de un estado de derecho que garantice justicia y estabilidad. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el rumbo del país en los años venideros. Sin duda, el destino de México estará marcado por la capacidad de sus líderes para navegar esta compleja situación sin sacrificar los principios democráticos esenciales.