Extorsiones en México: un obstáculo para la economía y la inflación del país

El fenómeno de las extorsiones en México se ha consolidado como un obstáculo significativo para la economía del país, afectando no solo a quienes son directamente amenazados, como comerciantes y productores, sino también a la capacidad del Banco de México (Banxico) para controlar la inflación. Aunque los analistas subrayan la dificultad de cuantificar el impacto de estas prácticas criminales sobre los precios, la evidencia anecdotaria, junto con las experiencias de los afectados, sugiere un traspaso de costos que complica aún más la situación económica. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, las cifras de extorsiones se han disparado. En 2018, se registraron 6,895 casos, mientras que en 2022 alcanzaron un récord de 11,039. Aunque en 2023 se reportó una ligera disminución a 10,946, muchos expertos creen que estos números no reflejan la realidad, dado que se considera que existen muchos incidentes subregistrados. Esta creciente tendencia ha llevado a que muchos negocios se vean obligados a aumentar sus precios para cubrir los sobrecostos generados por el "cobro de piso". Líderes de diversas industrias, consultados por Reuters, han señalado que esta situación ha resultado en incrementos de precios de hasta un 20% en productos esenciales como la tortilla, un alimento básico en la dieta mexicana. Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, admite que aunque no existen datos concretos sobre el impacto de la inseguridad en la formación de precios, hay un reconocimiento de que la extorsión es un factor creciente que contribuye a la inflación. Este fenómeno, que antes se consideraba coyuntural, ahora se califica como estructural, lo que indica que sus efectos están profundamente arraigados en la economía nacional. A pesar de la desaceleración de la inflación general, que se sitúa en un 5.16% interanual, aún está muy por encima del objetivo del 3% que persigue Banxico. Esto se traduce en un escenario complicado para el banco central, que se enfrenta a retos que van más allá de la mera economía. La inseguridad y, en particular, las extorsiones, se presentan como un factor estructural que dificulta su labor, haciendo imposible ajustar los objetivos de inflación de forma precisa. Desde la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) se alerta que el cobro de cuotas se ha intensificado en productos básicos, como el aguacate y el pollo, lo que provoca un efecto dominó en los precios que paga el consumidor final. Este efecto no solo afecta a las empresas directamente involucradas, sino que también repercute en la economía del consumidor, que ve cómo su capacidad de compra se reduce ante el aumento de precios. Mientras tanto, expertos en economía discuten la magnitud real del impacto de las extorsiones sobre la inflación. Algunos sostienen que, aunque pueden distorsionar los precios, su efecto es limitado y ya podría estar incorporado en los costos. Sin embargo, otros advierten que si las "cuotas" aumentan, esto inevitablemente se reflejará en los precios finales, lo que complicará aún más la recuperación económica del país. El panorama se torna aún más alarmante al considerar que, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un 65% de sus afiliados han incrementado sus gastos en seguridad ante la creciente presión del crimen organizado. Esto incluye la instalación de cámaras de vigilancia y contratación de seguridad, lo que representa un costo adicional que también podría trasladarse al consumidor. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha señalado la importancia de erradicar este fenómeno si se busca un desarrollo sostenible en la capital. Sin embargo, el legado que deja la administración de López Obrador en cuanto a la lucha contra la extorsión es un reto considerable para su sucesora. La situación de los productores de limón en Michoacán, quienes han enfrentado aumentos en las cuotas criminales, es solo un ejemplo del efecto devastador que las extorsiones pueden tener en la producción agrícola y en la economía local. A nivel local, la situación es tan crítica que las fuerzas armadas han tenido que intervenir en algunas áreas para garantizar la seguridad de los comerciantes y permitir la operación de negocios. Esta intervención es una señal clara de que la lucha contra la delincuencia debe intensificarse, no solo para proteger a quienes son blanco de extorsiones, sino también para asegurar la estabilidad económica del país. Casos como el cierre temporal de tiendas Oxxo en Tamaulipas debido a las exigencias del crimen organizado son un reflejo del ambiente hostil en el que muchas empresas deben operar. Esta realidad ha llevado a los empresarios a expresar sus miedos y frustraciones, denunciando que viven como rehenes de bandas criminales que han normalizado el "cobro de piso". La extorsión se ha convertido en un fenómeno que, lejos de desaparecer, se ha vuelto parte del paisaje económico mexicano, afectando a todos, desde el productor hasta el consumidor final.