Inestabilidad política en Bolivia: un recordatorio de la fragilidad institucional en América Latina

El 26 de junio del 2024 quedará marcado en la historia de Bolivia como uno más de los episodios que han caracterizado la inestabilidad política de este país andino a lo largo de su existencia. Un pronunciamiento militar liderado por el general Zúñiga interrumpió la rutina de los bolivianos, sumiéndolos en la incertidumbre y recordándoles una triste realidad: la fragilidad institucional que ha permeado a lo largo de los años. Desde su independencia en 1825, Bolivia ha sido testigo de cerca de 190 golpes de Estado, intentos de golpe y revoluciones, reflejando una constante inestabilidad política que ha obstaculizado el desarrollo del país. Esta reciente situación, aunque pueda parecer exótica desde la perspectiva de observadores internacionales, es simplemente un capítulo más en la tumultuosa historia política de Bolivia. Sin embargo, este evento no debería ser tomado a la ligera ni pasar desapercibido, especialmente en una región como América Latina que ha sido testigo de múltiples episodios de intervención militar en la política. La reacción de algunos sectores políticos frente al intento golpista del general Zúñiga ha levantado alarmas sobre el compromiso democrático de ciertas figuras en la región. La senadora colombiana María Fernanda Cabal, representante del uribismo en su país, publicó un tuit en apoyo a los esfuerzos golpistas de Zúñiga, mostrando una postura preocupante que pone en duda la defensa de la democracia por parte de algunos líderes políticos en América Latina. Asimismo, en redes sociales de la derecha peruana se pudieron encontrar mensajes de apoyo similares, evidenciando una tendencia peligrosa hacia la justificación de acciones antidemocráticas. Es fundamental recordar que la legitimidad de un gobierno democrático no debe ser cuestionada sin fundamentos sólidos. En el caso de Bolivia, el presidente Luis Arce y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron elegidos democráticamente en las urnas con un amplio respaldo popular en el 2020. Cualquier intento de subvertir la voluntad del pueblo boliviano sería negar la esencia misma de la democracia. Es alarmante observar cómo, en algunos sectores de la región, la defensa de la democracia parece ser selectiva, condicionada a intereses políticos particulares y no a principios democráticos fundamentales. La historia latinoamericana nos ha enseñado que la injerencia de las Fuerzas Armadas en la política solo conduce a la inestabilidad y al retroceso democrático. Es momento de reflexionar sobre nuestro compromiso con la democracia en América Latina y de reafirmar nuestra voluntad de respetar la voluntad popular y las instituciones democráticas. La condena de acciones antidemocráticas no es suficiente; es necesario actuar de manera contundente y colectiva para proteger la democracia en la región y evitar que episodios como el ocurrido en Bolivia se repitan en el futuro. El respeto por la democracia y el Estado de derecho debe ser una prioridad indiscutible para todos los actores políticos en América Latina, sin importar su filiación ideológica. Solo a través de un compromiso firme y sostenido con los principios democráticos podremos construir sociedades más justas, estables y prósperas para todos los ciudadanos de la región. La democracia no es un privilegio selectivo, es un derecho universal que debe ser protegido y defendido en todo momento.