La crisis política en Perú: ¿Dina Boluarte debe quedarse hasta el 2026 o renunciar tras escándalos?

La institución presidencial ha sido degradada. Las mociones de vacancia contra la presidenta Boluarte han sido desechadas, pero la clase política está dividida. ¿Dina debe quedarse hasta el 2026 o irse tras lo sucedido con el Caso Rolex y con su hermano Nicanor? Lo más deseable por la estabilidad del país es que toda autoridad elegida culmine el período que le corresponde. En el caso de la presidenta, ella no debe sostenerse únicamente en el Congreso. También debería contar con el apoyo ciudadano y para ello debe mostrar resultados positivos en favor de los peruanos. ¿Por ejemplo? Reduciendo los altos índices delictivos del país, labor que debe ser liderada por ella personalmente. Si es cierto que su hermano cometió algún delito y ella intentara usar el poder para protegerlo, dicha acción conllevará al fin de su mandato. Hay una lucha política enraizada y sangrienta que no permite generar bienestar a la ciudadanía. La agenda política no se está ocupando de los temas importantes como la seguridad, la salud y la educación. El papel del Congreso es lamentable. Han tomado decisiones sin cuidar las formas políticas y no siempre buscando el bienestar del país sino el propio. Por ejemplo, si los parlamentarios creen en la reelección como una herramienta beneficiosa para todos, por qué no han aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores y solamente han aprobado la de ellos. Allí tienes un claro ejemplo de que se legisla en favor de intereses propios. Estoy de acuerdo, pero sería un tremendo error que los nuevos rostros no tengan experiencia política. Justamente, gran parte de los problemas en la política peruana es por la destrucción de los partidos políticos. Con esa destrucción vino el olvido de la formación de los cuadros y hemos entregado los cargos más importantes a gente que llegó para aprender. Y se demuestra en todos sus actos, hasta en pedir autorización para viajar cuando no se debe en plena crisis política. La presidenta no debe viajar. En primer lugar porque estamos en medio de una crisis política. Ella está con la aceptación más baja registrada en las últimas décadas para un presidente y eso debe revertirlo trabajando y no viajando. Segundo: es una presidenta sin vicepresidente que encarga de manera debatible la presidencia cada vez que ha salido y eso podría también traerle consecuencias al futuro. Que es claro el conflicto entre los intereses de China y EE.UU. por el megapuerto de Shanghái, la visita de la presidenta a una reunión con el gobernante de China no es oportuna. No se puede desconocer que Antauro Humala es un candidato con potencial, lo que ha sido generado por esos extremos que no han sabido entender ni resolver las demandas ciudadanas y que ha llevado a algunos electores a buscar cambios radicales. Yo sí creo que ha existido una politización del Ministerio Público, una persecución contra Keiko Fujimori a quien se le ha encarcelado tres veces y liberado el mismo número de veces, lo que demuestra que no era necesaria tanta encarcelación para investigarla. Ella ha sido víctima de la politización de la justicia. Sin embargo, el fujimorismo sigue cometiendo errores como el último pedido de Alberto Fujimori de recibir pensión; una pensión vitalicia que a todas luces no le toca porque él ha sido condenado y el indulto no significa el olvido del delito, sino el perdón de la pena, lo que significa que su sentencia, su condena sigue firme. No, tampoco la hubieran dejado gobernar. También pienso que Keiko ha pasado por un proceso de maduración que la convierte hoy en una mejor política que antes. Ha pasado por un proceso de sufrimiento que tiende a mejorar a los seres humanos. Alberto Fujimori no puede postular a la presidencia porque existe una ley que prohíbe de por vida postular aquellos que han sido condenados por corrupción y en su caso esto sucedió. Fujimori está impedido de por vida según las leyes vigentes. Los tiempos violentos que vivimos exigen que los cargos vinculados a la seguridad ciudadana sean ejercidos por hombres y mujeres que no le teman a la muerte física ni a posibles consecuencias legales. En Magdalena hemos tomado muchas decisiones valientes, como clausurar definitivamente todos los locales que venden cosas robadas; fuimos la primera municipalidad del Perú en dar recompensas para detener maleantes; una de las primeras -años atrás- en usar armas no letales; destruimos motocicletas incautadas en la vía pública que no contaban con la documentación en orden y así evitamos que sean usadas en actos delictivos; somos la primera municipalidad que cuenta con resguardo personal armado (guardaespaldas), para proteger a los choferes de las camionetas de serenazgo. Este tipo de acciones, el trabajo coordinado con la PNP y la inversión de gran parte de nuestro presupuesto seguridad, nos ha llevado a reducir en más del 70% el índice delictivo respecto al período 2019 - 2022, en el cual no fuimos gestión, y semanas atrás hemos sido reconocidos como el distrito número uno en la lucha contra la delincuencia de toda Lima Metropolitana. El abandono y persecución de nuestra policía es una de las cosas que más ha dañado la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Hoy esta institución, entre otras deficiencias, tiene el 47% de la flota vehicular inoperativa, equipos de comunicación obsoletos, insuficientes laboratorios de criminalística, déficit de más de 50 mil efectivos, así como la falta de apoyo a las áreas de inteligencia e investigación. A esto hay que sumarle que muchas veces se apresa a los policías que abaten a maleantes armados en enfrentamientos, lo que ha generado que hoy muchos policías prefieran no intervenir. Debemos agregar la corrupción de algunos malos elementos que laboran en la PNP, fiscalía y Poder Judicial. Es muy perjudicial para la seguridad ciudadana que se cambie con tanta frecuencia al ministro del Interior. Más allá de eso, conozco a Juan José Santivañez y considero que tiene el conocimiento y la actitud necesaria para lograr resultados favorables; debemos darle un plazo razonable para que ello suceda. La renuncia sí puede estar vinculada al retiro del apoyo policial al Eficcop. Fue una decisión política inoportuna que perjudicó la imagen de la mandataria y del entonces ministro del Interior. Sin embargo, no es menos cierto que si cada fiscalía tiene un grupo policial de apoyo propio y exclusivo no quedará un solo efectivo para el resguardo ciudadano. Estamos viviendo una segunda ola de violencia por la acción del crimen organizado y la delincuencia común. Para detenerla es prioritario recuperar el principio de autoridad, fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Interior y proteger legalmente a la policía. Respecto al coronel Colchado, considero que no ha cuidado las formas. Las imágenes del allanamiento a la presidenta, por ejemplo, no debieron haberse difundido. Dieron la vuelta al mundo para vergüenza de todos. La lucha contra la corrupción debe ser una de las acciones más importantes del gobierno. Según la contraloría, se pierden más de 24 mil millones de soles al año por dicha causa. No se puede escatimar la inversión en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando existan resultados positivos. Sin duda alguna. La prisión preliminar y preventiva se han convertido en una herramienta política. Y debo lamentar enérgicamente que la misma institución que libera maleantes armados y con granadas de guerra; que liberaron a 'Maldito Cris' cuando fue detenido la primera vez para que salga a matar a un policía y a un sereno. Ese ejemplo se repite una y otra vez, liberan a maleantes extranjeros, detenidos con armas, detenidos con teléfonos robados, maleantes extranjeros que obviamente no tienen arraigo. Es la misma institución que detiene a políticos y dice que no tienen arraigo a pesar de que tienen trabajo conocido. Claramente se aplican estándares diferentes y debería ser una institución con los mismos criterios de aplicación de pena preventiva y preliminar para todos los ciudadanos. ¿Es una institución carcelera? Entonces, exigimos que también lo sea con los maleantes que matan a los peruanos por no pagar 8 soles de cupo, como en el caso de los mototaxistas. Hay una lamentable lucha interna por el poder entre las partes involucradas que está dañando a esa institución y a todo el país. Lamentablemente, la fiscalía se ha convertido en un actor político. Prueba de ello es la existente lucha de poder interna. Sin duda, la corrupción se ha infiltrado en el Estado Peruano y el Poder Judicial no es la excepción. Pero no se puede decir que todos los que pertenecen al Estado sean corruptos.