La Corte Suprema enfrenta decisiones difíciles sobre la atención de afirmación de género para menores.

El debate en curso sobre la atención afirmativa de género para menores ha alcanzado un momento crucial con el reciente caso de la Corte Suprema, Estados Unidos v. Skrmetti. El caso se centra en la prohibición legislativa de Tennessee sobre procedimientos médicos, incluyendo el uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas del sexo opuesto para menores, con el objetivo de alinear sus cuerpos físicos con su identidad de género. Si bien el tema es indudablemente emocional y profundamente personal, plantea preguntas fundamentales sobre la edad, el consentimiento y el papel del estado en la protección de poblaciones vulnerables. En el corazón del asunto está el reconocimiento de que los menores no están completamente capacitados para tomar decisiones médicas informadas. La ley estadounidense ha establecido que los niños carecen de la capacidad para consentir tratamientos médicos, un principio arraigado en la comprensión de que aún se están desarrollando cognitiva y emocionalmente. En la práctica, esto a menudo coloca a los padres al mando de las decisiones médicas, pero la autoridad parental no está exenta de límites. Los estados tienen un interés legítimo en garantizar el bienestar de los niños, lo que a menudo se manifiesta en regulaciones sobre los tipos de tratamientos médicos que se pueden administrar. El marco legal que rodea este caso revela un compromiso con un principio conocido como revisión de "base racional", donde al gobierno se le concede un margen significativo para determinar lo que es el mejor interés de sus ciudadanos. La ley de Tennessee, que restringe ciertas intervenciones médicas para menores mientras permite el acceso total para adultos, se alinea con este estándar al promover un interés estatal legítimo en proteger la salud de los niños. Los demandantes en este caso sostienen que la ley constituye discriminación por sexo, argumentando que restringe injustamente la atención médica basada en el sexo asignado al nacer. Si bien este argumento tiene cierto peso, es esencial considerar que la ley se centra principalmente en la edad de los individuos involucrados en lugar de su sexo. Como han señalado los expertos legales, las distinciones basadas en la edad son rutinarias y pueden justificarse en el contexto de la madurez y el consentimiento informado. Los críticos de la ley han señalado la Revisión Cass, un análisis exhaustivo de la atención afirmativa de género que destacó la falta de evidencia robusta que respalde la eficacia de estos tratamientos para menores. La revisión concluyó que el campo sufre de evidencia débil y que las afirmaciones sobre los beneficios de las intervenciones médicas a menudo son exageradas. Esta falta de consenso sobre los resultados a largo plazo plantea preocupaciones vitales sobre la seguridad de administrar tratamientos que podrían tener consecuencias irreversibles. Además, la evidencia sugiere que los tratamientos hormonales pueden conllevar serios riesgos para la salud, incluyendo problemas de fertilidad y una mayor susceptibilidad a enfermedades cardíacas y cáncer. Dado estos posibles efectos secundarios, es razonable que los estados ejerzan precaución cuando se trata de la atención médica proporcionada a los jóvenes. Si bien la discusión pública en torno a este tema ha estado marcada por la hostilidad y la polarización, es crucial abordar el tema con compasión. Las familias que enfrentan la disforia de género infantil merecen nuestra empatía, y la estigmatización de las personas transgénero es inaceptable. No obstante, el deseo de proteger a los niños de intervenciones médicas potencialmente dañinas no es un acto de malicia, sino más bien un reflejo del deber del gobierno de salvaguardar a su juventud. A medida que la Corte Suprema delibera sobre este caso, enfrenta la profunda responsabilidad de equilibrar los derechos de los individuos con la necesidad general de proteger a los niños. El panorama legal que rodea la atención afirmativa de género es complejo, y cualquier decisión judicial podría tener implicaciones de gran alcance. A la luz de las incertidumbres sobre los efectos a largo plazo de los tratamientos afirmativos de género, la humildad judicial es esencial. La ley de Tennessee representa un enfoque para navegar por estas complejas cuestiones, y otros estados pueden optar por seguir caminos diferentes. En última instancia, es a través de un estudio cuidadoso, un diálogo abierto y un respeto por la autonomía estatal que podemos esperar encontrar una forma compasiva y efectiva de avanzar en la atención a las necesidades de aquellos que experimentan disforia de género.