Controversia por la 'Ley Impunidad' desata reacciones en política y sociedad peruana

El reciente anuncio del Gobierno sobre la promulgación de la normativa que reitera los términos de la controvertida 'Ley Impunidad' ha desatado un torrente de reacciones en la esfera política y social del país. A pesar de las advertencias de la Corte Suprema respecto a la inconstitucionalidad de esta ley, el Ejecutivo ha decidido seguir adelante, lo que plantea interrogantes sobre el compromiso del Estado con el principio de justicia. La 'Ley Impunidad', que fue aprobada en mayo de este año, establece que la suspensión de los plazos de prescripción de delitos se limita a un máximo de un año. Esta normativa, que ha sido objeto de un intenso debate, fue revalida el 1 de julio por la Comisión Permanente con 17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, la Corte Suprema ha manifestado su desacuerdo con esta legislación, señalando que los plazos establecidos no permiten un esclarecimiento adecuado de los delitos, especialmente en casos complejos. La polémica en torno a esta ley no solo reside en su contenido, sino también en el contexto político en el que se ha desarrollado. La promulgación se llevó a cabo en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, lo que muchos consideran una falta de respeto a los principios democráticos y a la memoria de quienes lucharon por la independencia del país. No obstante, el Gobierno ha sostenido que esta ley es parte de una política criminal más amplia y que su aplicación es razonable y proporcional. Los defensores de la 'Ley Impunidad' argumentan que la normativa busca proteger los derechos de los imputados dentro de un "sistema acusatorio garantista". Sin embargo, muchos críticos consideran que esta ley favorece a quienes han cometido delitos, permitiéndoles eludir la justicia bajo pretextos jurídicos. Esta dualidad en la interpretación de la ley ha generado divisiones profundas en la sociedad peruana, especialmente entre quienes exigen justicia y aquellos que abogan por garantías procesales. La situación se complica aún más con el reciente acuerdo plenario de la Corte Suprema, que reafirma la inconstitucionalidad de la 'Ley Soto', otra legislación que ha generado controversia. Este acuerdo establece que los jueces no deben aplicar normas que limiten de manera irrazonable los plazos de prescripción de delitos, abriendo un debate sobre la capacidad del sistema judicial para manejar casos de corrupción y otros delitos graves. En este marco, el papel del Congreso se vuelve crucial. A pesar de la oposición a la 'Ley Impunidad', la mayoría parlamentaria ha continuado avanzando con su vigencia, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de sus decisiones. La insistencia en mantener esta ley, a pesar de las advertencias judiciales, refleja una falta de voluntad para reformar un sistema que muchos consideran fallido y que no garantiza la justicia para las víctimas. Las organizaciones de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo a esta ley, argumentando que perpetúa un ciclo de impunidad que afecta gravemente la confianza pública en las instituciones. La posibilidad de que delincuentes se escapen de la justicia debido a plazos de prescripción tan breves genera una sensación de desasosiego y frustración entre los ciudadanos, que anhelan un sistema judicial más robusto y efectivo. La promulgación de esta ley en una fecha simbólica como el aniversario de la independencia plantea serias preocupaciones sobre la dirección que está tomando el país en términos de justicia y rendición de cuentas. Las decisiones del Gobierno y del Congreso en este asunto podrían marcar un punto de inflexión en la historia del Perú, donde la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos se encuentran en un delicado equilibrio. Mientras el país avanza hacia un futuro incierto, es vital que los ciudadanos se mantengan informados y activos en la defensa de sus derechos. La lucha por una justicia equitativa y la eliminación de la impunidad debe ser una prioridad para todos, ya que solo así se podrá construir una nación más justa y democrática. La resistencia a la 'Ley Impunidad' no es solo una cuestión legal, sino un llamado a la conciencia colectiva en la búsqueda de un Perú más íntegro.