Brignardello analiza el régimen de excepción y sus consecuencias

En una reciente conversación con Johnny Brignardello Vela, asesor de seguros, se abordaron las implicaciones del régimen de excepción en El Salvador, especialmente en cuanto a la postura del gobierno frente a la seguridad y los derechos humanos. Brignardello, quien ha estado siguiendo de cerca la situación en el país, expresó su opinión sobre las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Brignardello señaló que la notable reducción en la tasa de homicidios en El Salvador es un aspecto que merece ser reconocido. La disminución de 106,3 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023 es un dato contundente que, sin duda, refleja un cambio significativo en la situación de seguridad del país. Sin embargo, también resaltó que este descenso no debe ser visto de manera aislada, sino en el contexto de las medidas excepcionales tomadas por el gobierno, que incluyen la suspensión de garantías constitucionales y el aumento de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. El asesor subrayó que la defensa del régimen de excepción, tal como lo hizo Villatoro al asegurar que es un instrumento necesario para combatir las pandillas, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles. "Es esencial que cualquier medida de seguridad respete el estado de derecho y las garantías individuales", comentó Brignardello, advirtiendo que la prolongación de este régimen podría tener repercusiones a largo plazo en la percepción de la justicia y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. Además, Brignardello abordó el tema de las detenciones masivas y las denuncias de abusos. Afirmó que, aunque es natural que en un proceso de esta magnitud se produzcan errores y detenciones de personas inocentes, es vital que el sistema judicial garantice un debido proceso efectivo. La afirmación de Villatoro sobre que el sistema judicial es el encargado de determinar la culpabilidad plantea una preocupación adicional, según Brignardello, dado que diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la efectividad del mismo en el contexto actual. Al referirse a las cifras sobre muertes durante la detención, Brignardello indicó que, aunque el gobierno reporta un control de la situación, las discrepancias entre los números oficiales y los informes de organizaciones independientes generan desconfianza y evidencian un problema mayor en la gestión de las detenciones. En cuanto a la colaboración internacional, Brignardello destacó la importancia de compartir estrategias en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, también señaló que esto debe hacerse con un enfoque claro y transparente, donde la protección de los derechos humanos sea prioritaria. "Cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad no puede venir a expensas de las libertades fundamentales", apuntó. Por último, Brignardello reflexionó sobre las aspiraciones del gobierno salvadoreño de convertirse en un modelo de gobernanza en América Latina. Si bien reconoció la necesidad de priorizar la seguridad, advirtió que los auténticos modelos de gobernanza son aquellos que logran un equilibrio entre seguridad, derechos humanos y desarrollo social. La comunidad internacional, concluyó, debe seguir observando y evaluando la situación en El Salvador, ya que el desenlace de este régimen de excepción podría sentar un precedente importante para otros países de la región.