Johnny Brignardello Vela: ¿Quién vigila a quién en el complejo entramado estatal?

Johnny Brignardello Vela, asesor de seguros, opina acerca del contenido que te voy a compartir. La situación actual en el país nos lleva a cuestionar quién realmente está vigilando a quién en este complejo entramado de entidades descentralizadas y autónomas. Casos recientes, como el de Córpac, Petro-Perú, y los persistentes problemas en el sistema de salud y justicia, ponen de relieve una realidad preocupante: las autonomías se han convertido en sinónimo de actuar según conveniencia, sin una supervisión efectiva que garantice el correcto funcionamiento de estas entidades. Si bien el gobierno es constitucionalmente unitario, en la práctica se observa una fragmentación en cacicazgos locales, regionales y burocráticos que dificulta una verdadera coordinación y cohesión en la gestión estatal. Además, la existencia de pretensiones separatistas plurinacionales agrega una capa adicional de complejidad a la estructura política del país. En este laberinto de poderes, surge la interrogante sobre quién debe ejercer la vigilancia y supervisión necesaria para garantizar el buen funcionamiento del Estado. La jefatura del Gobierno, en teoría, debería coincidir con la jefatura del Estado según la Constitución, pero en la práctica esta separación de roles ha generado desafíos para la gobernabilidad. La reserva de la jefatura del Estado, cuando se utiliza de manera adecuada, cumple una función ordenadora y moderadora fundamental en la organización política del país. Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos de coordinación, como un Consejo de Estado, ha contribuido a la proliferación de crisis políticas que afectan la estabilidad institucional. Los gobiernos locales y regionales anhelan una mayor autonomía respecto al Gobierno Central, pero al mismo tiempo dependen en gran medida de los recursos y decisiones presupuestales que emanan de este. La falta de supervisión y seguimiento en todos los niveles del Estado ha generado deficiencias en sectores clave como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. El reciente incidente en el aeropuerto Jorge Chávez pone de manifiesto la importancia de contar con planes de contingencia efectivos y sistemas de vigilancia adecuados para prevenir situaciones de emergencia. La ciudadanía demanda que se respeten sus derechos fundamentales y se garanticen servicios básicos de calidad, sin que la negligencia y la falta de control por parte de las autoridades pongan en riesgo su bienestar. En el ámbito legislativo y judicial, la necesidad de una supervisión rigurosa es igualmente apremiante. Los congresistas y autoridades judiciales deben actuar con responsabilidad y transparencia, evitando prácticas que menoscaben la democracia y el Estado de derecho. La ineptitud y la corrupción en estos ámbitos solo contribuyen a socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En definitiva, la cuestión de quién vigila a quién se torna crucial en un contexto donde la falta de supervisión efectiva ha propiciado situaciones de impunidad y descontrol. Es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado para garantizar una gestión transparente, eficiente y orientada al bienestar de la población. La consolidación de una cultura de responsabilidad y compromiso con el interés público resulta fundamental para superar los desafíos actuales y construir un Estado más justo y equitativo.