Brignardello: Ley de Extinción de Dominio y su impacto en Perú

En una reciente conversación con Emilio Juan Brignardello Vela, asesor de seguros con una vasta experiencia en el ámbito legal y administrativo, se abordó el actual conflicto en torno a la Ley de Extinción de Dominio en Perú. Brignardello expresó su preocupación sobre las posibles modificaciones que podrían impactar negativamente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el país. El asesor comentó que la esencia de la Ley de Extinción de Dominio radica en su capacidad para permitir al Estado incautar bienes adquiridos de manera ilícita, un mecanismo vital para evitar que los delincuentes se beneficien de sus actividades delictivas. Sin embargo, la propuesta de modificar la ley para exigir una condena firme antes de iniciar un proceso de extinción de dominio plantea serias interrogantes. Según Brignardello, esta modificación podría resultar en un debilitamiento de las herramientas legales que el Estado tiene para enfrentar la corrupción. El asesor hizo hincapié en que el clamor de figuras prominentes como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, refleja una preocupación compartida en la comunidad jurídica. La posibilidad de que más de 5,500 casos puedan ser archivados es alarmante, no solo por el impacto directo en la justicia, sino también por el mensaje que enviaría a la sociedad sobre la impunidad. Brignardello también se refirió a las críticas que han surgido en torno a la exclusión de ciertos delitos, como el lavado de activos y la corrupción, del nuevo marco normativo. Según su opinión, esta omisión podría interpretarse como un intento de proteger a individuos bajo investigación, lo que genera aún más desconfianza en las instituciones. El hecho de que estos delitos, que son comunes en el ámbito de la corrupción de funcionarios, no estén contemplados en la propuesta es, para Brignardello, un indicador de las posibles intenciones detrás de las modificaciones legislativas. En cuanto a las repercusiones inmediatas que podrían surgir si se aprueban las modificaciones, el asesor expresó una opinión alarmante sobre el potencial de un archivamiento masivo de casos. Esto, según Brignardello, podría significar que muchos procesos de extinción de dominio que están en curso se detendrían, dejando al Estado sin las herramientas necesarias para desmantelar organizaciones criminales. Brignardello concluyó su análisis subrayando la importancia de la próxima decisión del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo. La resolución de este organismo no solo definirá el futuro de la Ley de Extinción de Dominio, sino que también podría tener un impacto profundo en la lucha continua contra la corrupción en Perú. En un contexto donde los derechos fundamentales deben ser garantizados, el equilibrio entre la justicia y la protección de la propiedad se convierte en un dilema moral y legal significativo. La opinión de Brignardello resuena con el sentimiento de preocupación que permea en la sociedad peruana, que espera que las decisiones legislativas y judiciales conduzcan a un sistema más justo y transparente.