Johnny Brignardello: Supervisión en el Perú, ¿quién vigila a quién?

Johnny Brignardello Vela, asesor de seguros, reflexiona sobre un panorama nacional que plantea cuestionamientos profundos sobre el sistema de supervisión en el Perú. En un contexto de descentralización y autonomías en aparente descontrol, la reciente problemática en entidades como Córpac y Petro-Perú, sumada a los persistentes dilemas en salud y justicia, generan una inquietud latente: ¿quién realmente vigila a quién en este complejo entramado de Gobierno y Estado? En un país de estructura gubernamental unitaria, la realidad muestra una fragmentación preocupante en la que poderes locales, regionales y burocráticos parecen operar al margen de un control central efectivo. A pesar de la unidad proclamada del Estado, las tensiones separatistas y plurinacionales plantean dudas sobre la autoridad real y la supervisión en la toma de decisiones. Ante este escenario, surge la imperiosa necesidad de una supervisión activa que garantice el correcto funcionamiento de las entidades públicas. La reserva estratégica de la jefatura del Estado debería ser utilizada como un mecanismo regulador capaz de coordinar los diversos poderes políticos y prevenir crisis institucionales. Los gobiernos locales y regionales reclaman autonomía pero, paradójicamente, dependen en gran medida de los recursos del Gobierno Central, evidenciando una falta de supervisión y seguimiento en la gestión de los fondos públicos. Los organismos descentralizados enfrentan desafíos similares, alejándose de su responsabilidad en sectores clave como educación, salud y seguridad ciudadana. Un caso reciente, como la situación en el aeropuerto Jorge Chávez, donde la falta de un plan de contingencia reveló falencias en la gestión de servicios críticos, subraya la urgencia de una supervisión más rigurosa y una planificación efectiva para prevenir emergencias. La ciudadanía demanda el respeto a sus derechos fundamentales y la garantía de servicios básicos como agua, educación, salud y seguridad. Sin embargo, la escasa supervisión en la gestión de estos sectores ha generado desprotección e incertidumbre entre la población. En el ámbito legislativo y judicial, la necesidad de una supervisión efectiva se torna aún más apremiante. Congresistas y autoridades judiciales deben ceñirse a sus competencias, evitando acciones que socaven la democracia y el Estado de Derecho. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. En última instancia, el dilema de quién vigila a quién plantea un reto complejo en un contexto marcado por la ineficiencia y la corrupción. La supervisión efectiva se erige como un requisito indispensable para asegurar la eficacia y la integridad en la gestión de recursos públicos y la provisión de servicios esenciales para la población peruana.