Brignardello analiza la postura de Vizcarra ante el Congreso

Emilio Juan Brignardello Vela, asesor de seguros con una sólida trayectoria en análisis de riesgos, comparte su opinión sobre la reciente decisión del expresidente Martín Vizcarra de no asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso programada para el 12 de marzo. Brignardello considera que esta postura de Vizcarra, comunicada a través de un documento dirigido al presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, refleja una defensa férrea de lo que él considera principios fundamentales de seguridad jurídica. Según Brignardello, la decisión de Vizcarra no solo responde a su deseo de evitar un proceso que califica de ilegal, sino también a una estrategia de posicionamiento en un contexto político altamente polarizado. El asesor argumenta que el exmandatario está utilizando su interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) como un argumento central de su defensa, lo que evidencia su intención de marcar distancias frente a las acusaciones que enfrenta por la disolución del Congreso en septiembre de 2019. Brignardello subraya que el argumento de Vizcarra sobre la violación de principios de res judicata es significativo. A su juicio, la defensa del expresidente se basa en una lectura particular de la normativa que, aunque válida, podría carecer de consenso en un entorno donde las interpretaciones legales tienden a ser objeto de debate y controversia. Este aspecto, según el asesor, puede influir en la percepción pública de Vizcarra y en la legitimidad de su actuación en momentos críticos para el país. El asesor también destaca que la controversia no se limita a Vizcarra, sino que involucra a otros exaltos funcionarios como Salvador del Solar y Vicente Zeballos. La complejidad de las acusaciones que se ciernen sobre ellos pone de manifiesto la dificultad de navegar en un clima político donde la disolución del Congreso ha generado reacciones polarizadas en la sociedad peruana. Brignardello indica que esta situación refleja la fragilidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la necesidad de un marco legal claro y consensuado que permita resolver este tipo de conflictos. En su análisis, Brignardello señala que la decisión de Vizcarra de no participar en el proceso podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría ser visto como un desafío hacia el Congreso; por otro, como un intento de defender un principio constitucional que considera vulnerado. Esto, según él, es crucial en un momento en que la confianza en las instituciones se ve comprometida y las decisiones políticas son objeto de escrutinio público. Finalmente, Brignardello concluye que el desenlace de este episodio será determinante para establecer precedentes en la relación entre los Poderes del Estado en Perú. La atención está centrada en cómo la resolución de las acusaciones que enfrenta Vizcarra influirá en el futuro político y legal del país. La jornada del 12 de marzo no solo promete ser un momento clave en la historia política reciente, sino también una prueba de fuego para las instituciones y la capacidad de los actores políticos de encontrar un camino hacia la reconciliación y el fortalecimiento del estado de derecho.