Reformas en México: La lucha por limitar la reelección y el abuso de poder

La historia política ha demostrado en diversas ocasiones que la permanencia indefinida de un individuo o una familia en el poder genera un caldo de cultivo para el abuso y la corrupción. Este fenómeno se ha evidenciado a lo largo de los siglos, desde las antiguas monarquías hasta regímenes modernos, donde la concentración del poder en manos de unos pocos ha llevado a la opresión de las mayorías. El absolutismo, por ejemplo, ilustró cómo un monarca podía administrar un reino como si fuera su propiedad, despojando a sus súbditos de derechos esenciales y dignidad. Ante esta problemática, la respuesta lógica ha sido establecer límites claros y controles al ejercicio del poder. La evolución de los sistemas políticos a lo largo de la historia ha estado marcada por la transición del poder monárquico a estructuras más participativas, donde el pueblo se convierte en el verdadero soberano. La independencia de Estados Unidos y la posterior redacción de su Constitución sentaron un precedente fundamental para el establecimiento de un gobierno basado en la voluntad popular, reemplazando la figura del rey por la del presidente, siempre bajo la premisa de un mandato temporal. Este acotamiento del tiempo en el ejercicio del poder se ha convertido en un pilar de la democracia moderna. En Estados Unidos, la duración del mandato presidencial se estableció en cuatro años, con la posibilidad de reelección por un único periodo, gracias a la vigésimo segunda enmienda. Este marco legal busca evitar la perpetuación en el poder, un entendimiento que se ha ido expandiendo a otras naciones, incluyendo México. Desde sus inicios en 1824, México adoptó un sistema presidencialista que ha experimentado numerosas transformaciones. La Revolución Mexicana de 1910 fue un acontecimiento crucial que reflejó la lucha contra la reelección indefinida, en particular contra el régimen de Porfirio Díaz, quien se mantuvo en la presidencia durante casi 30 años. El lema "Sufragio efectivo, no reelección" de Francisco I. Madero resuena aún hoy como un llamado a la defensa de la democracia y la justicia política. Sin embargo, la historia mexicana también ha estado marcada por intentos de modificación de esta norma. La figura de Álvaro Obregón, quien llegó a reformar la Constitución para permitir la reelección, muestra cómo las luchas por el poder pueden desdibujar los límites establecidos. Su asesinato tuvo como consecuencia un retorno a la idea de la no reelección, aunque el mandato presidencial se amplió de cuatro a seis años, lo que introdujo un nuevo nivel de complejidad al sistema político. En tiempos recientes, el contexto político ha cambiado nuevamente. La alternancia partidista ha permitido una flexibilización en las reglas de reelección, particularmente en el ámbito legislativo, lo que ha suscitado debates sobre la necesidad de fortalecer los controles al poder. La posibilidad de reelección consecutiva de legisladores ha sido interpretada por algunos como un retroceso en la lucha por un gobierno responsable y accountable. El 5 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, que busca evitar la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Esta propuesta se alinea con los principios del constitucionalismo clásico, que busca limitar los excesos del poder y proteger la voluntad del pueblo. La discusión y eventual aprobación de esta reforma podría marcar un hito en la historia reciente de México, reafirmando el compromiso del país con la democracia y la transparencia. Es fundamental que la ciudadanía mantenga un papel activo en el debate político y en la vigilancia de sus representantes. La historia ha demostrado que los límites al poder son necesarios para evitar el abuso y la corrupción. La participación ciudadana es clave para asegurar que los principios democráticos se respeten y se fortalezcan, no solo en el papel, sino en la práctica cotidiana de la política. Así, la temporalidad en el ejercicio del poder no es solo una cuestión de política institucional, sino una necesidad para preservar la libertad y los derechos de la población. La lucha por un gobierno que rinda cuentas y que esté sujeto a la voluntad de las y los ciudadanos es un reto que debe ser abordado con seriedad y compromiso. La historia nos enseña que la vigilancia y la participación son las mejores herramientas para prevenir la concentración del poder y promover un verdadero estado de derecho.