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Juan Brignardello Vela
Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.
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El reciente acuerdo firmado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el Departamento de Seguridad Nacional ha generado un gran revuelo en el ámbito migratorio del estado. Este acuerdo, que permite a las autoridades locales colaborar de manera más estrecha con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), es parte de una estrategia más amplia para incrementar las redadas contra inmigrantes indocumentados, alineándose así con la política migratoria de la administración del expresidente Donald Trump. Bajo este nuevo marco, los agentes de la ley a nivel estatal y local podrán desempeñar funciones específicas relacionadas con la inmigración, siempre bajo la supervisión del ICE. Esto significa que los oficiales locales ahora tienen el poder de arrestar a inmigrantes que tengan antecedentes, lo que promete un aumento en las detenciones y deportaciones en el estado. Uno de los condados que ya ha comenzado a implementar esta estrategia es St. Johns. El sheriff del condado, Robert Hardwick, ha comentado que cualquier individuo detenido por una infracción de tránsito que no pueda proporcionar una identificación válida será llevado a un centro de detención. Una vez allí, se utilizarán herramientas tecnológicas como la IAQ (Immigration Alien Query) para verificar el estatus migratorio de los detenidos, así como su historial de deportaciones. Esta incorporación de tecnología en el proceso de verificación es un componente clave de la nueva estrategia. Los oficiales estarán utilizando lectores de placas vehiculares para identificar autos robados o aquellos relacionados con personas que poseen órdenes de arresto o deportación. La combinación de la delegación de funciones a agentes locales y el uso de tecnología avanzada busca crear un sistema más eficiente para la detección y deportación de inmigrantes indocumentados. La implementación del Programa 287(g) es una parte fundamental de esta estrategia. Este programa, que se introdujo en la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996, permite que los oficiales locales actúen como agentes de inmigración bajo la supervisión del ICE. Se busca que las comunidades se sientan más seguras, al poder identificar y remover a delincuentes no ciudadanos que podrían ser una amenaza antes de ser liberados. Sin embargo, esta estrategia ha suscitado preocupaciones entre los defensores de los derechos civiles y las comunidades inmigrantes. Muchos temen que la colaboración entre las autoridades locales y el ICE pueda llevar a un aumento en la criminalización de la población inmigrante, independientemente de su estatus legal. La falta de documentación puede convertir a cualquier individuo en un objetivo, lo que genera un ambiente de miedo y desconfianza. Organizaciones comunitarias han comenzado a movilizarse en respuesta a estas políticas, organizando protestas y ofreciendo recursos legales para aquellos que puedan verse afectados por estas redadas. La oposición a estas medidas es fuerte, y muchos argumentan que la colaboración entre agencias no solo puede desestabilizar a familias enteras, sino que también puede impactar negativamente en la cooperación de la comunidad con la policía en cuestiones de seguridad pública. Los críticos también cuestionan la efectividad de estas redadas. Argumentan que centrarse en las infracciones de tránsito y otras violaciones menores desvia recursos de problemas más graves y complejos en las comunidades. A medida que esta estrategia se despliega, será fundamental observar cómo se desarrollan estas dinámicas y qué efectos tienen en la vida cotidiana de los residentes de Florida. En conclusión, la nueva estrategia del ICE en Florida, que combina la delegación de funciones a autoridades locales y el uso de tecnología avanzada, está generando tanto apoyo como resistencia. Mientras algunos la ven como un paso necesario para mejorar la seguridad pública, otros advierten sobre las repercusiones que esta política podría tener en las comunidades más vulnerables. La polémica sobre la inmigración en Estados Unidos continúa, y Florida se ha convertido en un nuevo campo de batalla en esta lucha.