Procuraduría alerta sobre riesgos de nueva ley de extinción de dominio en Perú

La reciente decisión del Congreso de la República de Perú de aprobar, en primera votación, un dictamen que modifica la Ley de Extinción de Dominio ha generado un fuerte rechazo por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE). A través de un comunicado oficial, la entidad ha expresado su preocupación por las implicancias que estas reformas podrían tener en la lucha contra la corrupción y otros delitos que afectan a la sociedad peruana. La PGE argumenta que la extinción de dominio es una herramienta fundamental en la política criminal del país, que permite la recuperación de bienes adquiridos de manera ilícita. El proyecto de ley en cuestión, conocido como el Proyecto de Ley N.° 3577/2022-CR, busca mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos. Sin embargo, la PGE sostiene que estas modificaciones debilitan la estructura legal actualmente vigente y que, en lugar de mejorar, "dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria". Esta crítica se fundamenta en la preocupación por la efectividad de la medida en la recuperación de activos ilícitos, que hasta la fecha ha permitido al Estado peruano recuperar más de S/ 545 millones. La extinción de dominio ha demostrado ser un mecanismo eficaz para hacer frente a diversos delitos, incluyendo el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios, la minería ilegal y el lavado de activos. El comunicado de la PGE subraya que la nueva legislación, de ser aprobada en segunda votación, condicionaría la aplicación de la extinción de dominio a la existencia de una sentencia condenatoria penal firme, lo que limitaría drásticamente su alcance. Esto excluiría bienes pertenecientes a procesados fallecidos o a aquellos que se encuentran en situación de fuga, además de afectar a más de cinco mil casos en trámite. La preocupación de la PGE se centra en que esta modificación podría socavar los esfuerzos realizados para recuperar activos que han sido obtenidos a través de actividades ilícitas. En este sentido, la Procuraduría hace un llamado a los legisladores para que reconsideren las implicancias de la reforma y tomen en cuenta las observaciones realizadas por las instituciones que forman parte del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, que incluye al Poder Judicial y a la propia Procuraduría. El rechazo de la PGE se suma a las críticas que han surgido desde diferentes sectores de la sociedad, quienes advierten que la modificación de la ley podría llevar a un retroceso en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. La percepción general es que, en lugar de facilitar el proceso de extinción de dominio, las reformas propuestas lo complicarían innecesariamente, afectando la capacidad del Estado para actuar frente a delitos que han tenido un impacto devastador en el país. Por otro lado, la PGE también ha destacado el hecho de que la normativa vigente ha sido fundamental para mantener la autonomía y el respeto al debido proceso durante las indagaciones. Esto, a su vez, ha permitido que el Estado no solo recupere recursos, sino que también envíe un mensaje claro de que no se tolerará la impunidad en la obtención de bienes ilícitos. Es importante señalar que el proyecto de ley fue presentado al Pleno del Congreso un día antes de su votación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el tiempo de discusión que se le ha dado a un tema tan crítico para la política criminal del país. La PGE hace un llamado a la reflexión y a la necesidad de un análisis más exhaustivo antes de tomar decisiones que podrían tener un efecto negativo en la lucha contra la impunidad. Finalmente, la Procuraduría reitera su compromiso de defender los intereses del Estado peruano en los procesos de extinción de dominio y su disposición para colaborar con el Congreso en la búsqueda de soluciones que realmente mejoren el marco legal sin comprometer la efectividad en la recuperación de bienes ilícitos. La segunda votación promete ser un momento decisivo que determinará el futuro de esta herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú.